El pastor de la 'Iglesia Conexión con Dios', cuya extradición a Argentina por varios delitos de abuso a menores ha sido estudiada este martes por la Audiencia Nacional, ha pedido al tribunal que no le envíen porque en las prisiones de ese país "no se respetan los Derechos Humanos" y se producen maltratos, por lo que teme por su integridad.
A preguntas de su defensa, el pastor, un hombre de 40 años nacido en Buenos Aires pero que tiene nacionalidad española gracias a que sus abuelos eran gallegos, teme que en caso de ser juzgado en Argentina sufra extorsiones y maltrato, y ha lamentado además que en los centros penitenciarios se vive en hacinamiento. A esto, ha sumado que en caso de que los hechos por los que se le persigue sean juzgados en el país sudamericano teme que los jueces carezcan de independencia y se vean "obligados" a condenarle impulsados por la opinión de los medios de comunicación.
Cabe recordar que al pastor se le acusa de realizar tocamientos a menores de edad valiéndose de su posición. La Fiscalía de la Audiencia Nacional en su informe, al que tuvo acceso Europa Press, recuerda que habiéndose ganado la confianza de padres y menores de edad en el desempeño de su función como pastor "y presuntamente con la intención de satisfacer sus deseos libidinosos, realizó tocamientos y actos de carácter sexual respecto de menores de edad".
Así, el Ministerio Público, que pide que sea extraditado, recoge hasta siete hechos que se produjeron entre 2017 y 2021 en los que se ve un patrón en el acusado, que aprovechaba las estancias de los menores en su casa para realizarles tocamientos en los genitales, fotografiarles desnudos o realizarles felaciones.
LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA
La vista celebrada este martes ha girado en torno al posible impedimento para la entrega que podría suponer que el pastor tenga la nacionalidad española. El Ministerio Público ha señalado que si bien hay un criterio postestativo que dice que los nacionales deben ser juzgados en España, sin embargo no es algo obligatorio. Y ha sumado a esto que dado que Argentina sí que envía a sus nacionales por causas que tengan en España, en base al principio de reciprocidad, se debe hacer lo mismo en este caso.
Además, ha sumado a esto que dado que los hechos ocurrieron allí y hay una causa abierta ya con "prueba abundante", "procede la entrega" porque ahora sería "más dificultoso" seguir con el proceso en España. En cuanto a la mala situación de las cárceles argentinas, el fiscal ha señalado que esa alegación es genérica y por tanto no debe ser tenida en cuenta.
Para la defensa, el juicio puede celebrarse perfectamente en España porque la causa no es compleja, y ha indicado que la entrega de nacionales puede ser denegada cuando, como en este caso, no existe justificación. Al hilo, ha señalado que los testigos podrían declarar por videoconferencia, y ha apuntado que esto sería menos "revictimizador" para los menores.
Sobre la situación de las cárceles en Argentina, al igual que el acusado ha sostenido que no reúnen condiciones y que, en contra de lo defendido por Fiscalía, "los Derechos Humanos no pueden ceder ante un criterio de practicidad". Además, ha negado que sea una afirmación genérica, sino que hay multitud de informes y vídeos en Internet sobre el estado lamentable de los centros penitenciarios. "Es algo que va a afectar a mi representado, no es un futurible, será maltratado y sufrirá humillaciones, se pondrá en riesgo su integridad física", ha indicado.
En el escrito del fiscal, se recordaba además que se daba la doble incriminación --el delito existe en ambos países--, que los hechos investigados no han prescrito, que no hay una motivación política en la reclamación y que las penas que conlleva son mayores de un año pero que las previstas en Argentina no son "inhumanas o degradantes".
