La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha vinculado este miércoles al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) con una matanza de civiles en la ciudad de Kishishe, en el este de República Democrática del Congo (RDC) y ha reclamado esfuerzos para preservar las pruebas de lo que podrían suponer crímenes de guerra en el marco del conflicto en el país africano.
La ONG ha señalado que los cuerpos hallados en fosas comunes en la zona pertenecerían a aldeanos y milicianos capturados por el M23 y ejecutados entre noviembre de 2022 y abril de 2023, cuando el grupo rebelde se retiró definitivamente de la localidad, situada en la provincia de Kivu Norte.
Así, ha manifestado que el Gobierno congoleño debería reclamar ayuda a Naciones Unidas, la Unión Africana (UA) y otros países socios para llevar a cabo unas exhumaciones adecuadas, devolver los restos mortales a las familias de las víctimas y lograr que los responsables rindan cuentas, lo que debería verse acompañado por la inclusión de líderes del grupo rebelde y militares ruandeses que apoyan al M23 en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
"RDC, la ONU y la UA tienen que abordar las crecientes pruebas de que el M23 cometió numerosos asesinatos en la localidad de Kishishe", ha dicho Clémentine de Montjoye, investigadora de HRW para África. "Hay una necesidad urgente de una recopilación adecuada de pruebas, investigaciones imparciales e informar a las familias sobre el paradero de sus seres queridos", ha argumentado.
La organización ha reseñado que su trabajo de documentación sobre estas atrocidades en Kishishe deriva de las declaraciones de testigos, imágenes por satélite, fotografías y vídeos, antes de agregar que los rebeldes habrían además incendiado una vivienda con cuerpos, utilizado tres secuelas como bases y negado a los estudiantes el acceso a la educación.
HRW ya informó en febrero que miembros del M23 habían ejecutado de forma sumaria al menos a 22 civiles en la localidad tras unos combates con varias milicias y grupos rebeldes, entre ellas las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado rebelde fundado e integrado principalmente por hutus responsables del genocidio de 1994 en Ruanda.
En este sentido, ha manifestado que entre abril y mayo, tras la retirada del M23 de la zona, entrevistó por teléfono a 21 personas, incluidas algunas que aseguran haber presenciado las ejecuciones o que se vieron forzadas a participar en las labores de entierro de los cuerpos en varias fosas comunes.
Estos testigos dieron información sobre la ubicación de catorce fosas comunes en la zona, si bien HRW ha apuntado que esta cifra podría ser sólo una fracción del total. Asimismo, estas personas han recalcado que el M23 estuvo detrás de la ejecución de la inmensa mayoría de los civiles asesinados en ese periodo.
"Vi cuatro cuerpos de vecinos cerca de mi casa", ha relatado un hombre capturado por el M23. "Un poco más lejos, mataron a un miembro de la tribu shi y cubrieron su cuerpo con una sábana para ocultarlo. Cerca, cuando llegamos al mercado, vi a un vecino, a su esposa y a su hijo. Mataron a los dos hombres y dejaron a la mujer", ha señalado.
"Continuaron y encontraron una casa con tres hombres escondidos dentro. Los mataron con sus azadas. Posteriormente llegamos a la iglesia (adventista), donde hicieron salir a todo el mundo y los ejecutaron. Hubo alrededor de 20 asesinados", ha detallado.
EJECUCIONES Y EXCAVACIÓN DE FOSAS
En esta línea, otros residentes y testigos han indicado que hay una fosa común cerca de la iglesia que contendría entre 15 y 20 cuerpos, mientras que imágenes por satélite tomadas en diciembre muestran puntos de terreno removido en esta zona. El familiar de una de las víctimas ha apuntado que miembros del grupo rebelde acudieron a su vivienda y se llegaron a su tío: "Fue ejecutado a tiros y tiraron su cuerpo en un barranco. Lo enterramos nosotros".
Otro residente que estaba demasiado enfermo como para huir ha puntualizado que varios rebeldes fueron a su casa para reclamarle que participara en la excavación de fosas. "Me dijeron que había muertos que enterrar. Junto a otros nueve hombres, cavamos una fosa en la que enterramos a 15 personas. El siguiente día, cavamos otras fosas y enterramos a otras 17. Nos dijeron que murieron en combate, pero no es cierto. Todas murieron tiroteadas. Tres tenían disparos en la boca. Otras en el pecho y algunas tenían rotas las rodillas", ha detallado.
Asimismo, un hombre de 22 años que fue reclutado a la fuerza por el M23 tras la toma de Kishishe ha indicado que el grupo le comunicó que iban a combatir contra las FDLR. "No encontramos a nadie de las FDLR, sino a agricultores que trabajaban en sus campos. Mataron a todo aquel al que se encontraban en su camino afirmando que eran de las FDLR", ha denunciado.
A su regreso a la ciudad, encontró los cuerpos de su padre y uno de sus hermanos. "Dijeron: 'Mira los 'mai mai' que hemos matado'. Tuve que hacer como que no los conocía par que no me acusaron de ser hijo de un 'mai mai' y me mataran", ha señalado.
Por ello, De Montjoye ha hecho hincapié en que "las autoridades congoleñas deben permitir una investigación independiente con participación de la ONU sobre la ocupación de Kishishe por parte del M23 y hacer públicas las conclusiones". "Se deben imponer rápidamente sanciones internacionales sobre los implicados en los abusos, incluidos comandantes ruandeses que apoyan al M23", ha zanjado.
Las acusaciones de HRW se suman a las vertidas por Amnistía Internacional y la ONU, que en diciembre señaló que una "investigación preliminar" había permitido confirmar que "los rebeldes del M23 mataron al menos a 131 civiles --102 hombres, 17 mujeres y doce niños-- en actos de represalias contra la población civil entre el 29 y el 30 de noviembre en Kishishe y Bambo".
En respuesta, el M23 rechazó las acusaciones y se mostró "atónito" por "descubrir que una organización del calibre de la Misión de la ONU en RDC (MONUSCO) puede realizar un trabajo tan chapucero". Así, denunció el "genocidio" en zonas bajo control del Gobierno y la decapitación de varias personas a manos del Ejército y grupos a los que supuestamente Kinshasa da apoyo, entre ellos la FDLR.
El M23 ha sido acusado desde noviembre de 2021 de llevar a cabo ataques contra posiciones del Ejército en Kivu Norte, a pesar de las autoridades congoleñas y el M23 firmaron en diciembre de 2013 un acuerdo de paz tras los combates registrados desde 2012 con el Ejército, que contó con apoyo de tropas de Naciones Unidas.
La situación ha provocado un repunte de las tensiones entre RDC y Ruanda, que acusa a Kinshasa de respaldar a las FDLR y permitir que ataquen a tutsis congoleños. Expertos de Naciones Unidas afirmaron en un reciente informe que las autoridades ruandesas mantienen una "intervención directa" en el país africano a través de su apoyo al grupo y apuntaron a una "colusión" entre el Ejército, las FLDR y las milicias mai-mai.
