Comisiones Obreras ha alertado de que la "escasa financiación" de la Formación Profesional pública "obliga" al alumnado a cursar una oferta de titularidad privada, por lo que destaca la "necesidad de invertir 1.000 millones de euros para crear 300.000 plazas públicas, sin tener en cuenta el coste de nuevas edificaciones ni el mantenimiento de las actuales".
Así lo ha reflejado el sindicato en el informe '¿Es suficiente la financiación de la FP?' presentado este jueves, en el que analiza la inversión del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) en las comunidades autónomas a lo largo de 2021 para garantizar el derecho a la educación y la formación mediante una oferta pública adecuada, y ofrecer el servicio de acreditación permanente.
El estudio revela que, del 28,7% que ha aumentado el número de estudiantes en el conjunto de la FP en los últimos cinco cursos, en la pública crece 6,9 puntos en Grado Medio y 20,5 en Grado Superior, en tanto que el alumnado de centros privados lo hace en 23,3 puntos y 61,9, respectivamente.
Dos tercios del alumnado de FP (68,8%) está matriculado en centros públicos, mientras que más de 300.000 personas pagan por su formación en centros privados. El porcentaje de distribución del alumnado según titularidad varía hasta más de 30 puntos según la comunidad autónoma y la modalidad.
De igual manera, a pesar de la transferencia de los fondos ministeriales a las comunidades autónomas para la creación de 200.000 nuevas plazas de FP, el sindicato avisa de que los datos "no reflejan el aumento", ya que según el Ministerio en el curso 2020-2021 se financiaron 130.000 plazas, pero el alumnado matriculado en la pública creció solo en 11.741, y en la privada, en 36.774.
"Miles de jóvenes se quedan cada año sin plaza pública de FP y se les niega un derecho reconocido por la Constitución y la LOMLOE. En España hay más de 300.000 personas obligadas a pagar por una titulación de FP en centros privados", recalca CCOO.
Para el sindicato, el sistema "necesita una financiación estable y suficiente para dar respuesta a los retos de la transición económica y al déficit de cualificación profesional de la población activa". Así, considera que los centros de FP "constituyen la pieza clave de las medidas de mejora de la formación, pero su actual estructura, financiación y normativa requiere una actualización urgente".
