El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha anunciado que su país no colaborará con el Tribunal Penal Internacional (TPI) que acaba de reabrir la investigación de la violentísima guerra contra las drogas emprendida por su predecesor, Rodrigo Duterte, al considerar que se trata de una cuestión interna del país.
Marcos Jr., también conocido como 'Bongbong', lleva meses insistiendo en esta idea desde que el TPI anunciara en marzo su voluntad de reanudar su investigación, finalmente reiniciada esta semana, contra el exmandatario Duterte.
La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la "guerra contra las drogas" de Duterte; una campaña de extraordinaria violencia policial contra narcotraficantes que rápidamente se extendió a la población civil.
Las autoridades reconocen 6.181 muertes desde el inicio de la operación en 2016, pero grupos de Derechos Humanos elevan la cifra a 30.000 fallecidos, muchos de ellos inocentes, y destacan la impunidad de las fuerzas de seguridad, responsables de estas muertes.
El Gobierno filipino ha sostenido en reiteradas ocasiones que el TPI no tiene competencias para juzgar estos delitos y retiró al país del Tratado de Roma que sostiene al Tribunal el 17 de marzo de 2019.
Marcos Jr. ha reiterado esta idea durante su comparecencia de este viernes, en la que insistió en que el país ha apelado la jurisdicción del TPI sobre Filipinas --rechazada por la corte tras acusar de pasividad a los jueces del país-- y que, por lo que a él respecta, se trata de su último contacto con la institución internacional.
"No nos quedan más acciones que emprender, así que esto significa que nuestra relación con el TPI ha terminado. A partir de ahora, toca defender la soberanía del país y nuestras propias investigaciones", ha añadido antes de reiterar que "no colaboraremos con ellos en modo alguno, ni en fondo ni en forma, porque estos crímenes se cometieron en Filipinas, y las víctimas son filipinos", en comentarios recogidos por la cadena ABS-CBN.
Los familiares de las víctimas y varios grupos de defensa de los Derechos Humanos han aplaudido la decisión del tribunal. Bryony Lau, subdirectora para Asia de Human Rights Watch (HRW), ha señalado que el fallo "marca el próximo paso hacia la justicia para las víctimas de los asesinatos de la guerra contra las drogas y sus familias".
"El Gobierno de (Ferdinand) Marcos debe respaldar su compromiso declarado con los Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad cumpliendo con su obligación legal internacional de cooperar con la investigación de la corte", ha dicho antes de instar al presidente filipino a colaborar con el TPI, según un comunicado de la ONG.
