IU solicita al Ministerio del Interior que adopte medidas para evitar que los migrantes ilegales que acuden a a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a denunciar delitos de distinta índole sufran el riesgo de que se les abra un proceso de expulsión en el país.
Así lo han trasladado los diputados de Sumar y dirigentes de esta formación, Enrique Santiago y Nahuel González, a través de una serie de preguntas parlamentarias, por las que requieren al Gobierno si tiene previsto dar instrucciones o desplegar una reforma de la Ley de Extranjería para impedir estas situaciones.
En sus iniciativas parlamentarias aluden a una queja emitida por València Acull (Red Acoge) sobre el reciente caso de una persona migrante en situación irregular a la que se notificó la incoación de un expediente sancionador cuando acude a la Comisaría de la Policía Nacional de Russafa (Valencia) tras denunciar la sustracción de su pasaporte.
Ambos aluden a que estas prácticas no tienen en cuenta la legislación comunitaria ni las recomendaciones de instituciones que decretan expresamente la protección jurídicas de todas las víctimas de delito, sin importar su estatus de residencia.
También inciden que el Defensor del Pueblo lleva años reclamando a los distintos gobiernos, concretamente desde 2004, para que "no se abran expedientes sancionadores a extranjeros en situación irregular que acuden a comisaría a denunciar delitos".
Por ejemplo, Nahuel González ha aludido al caso de una mujer hondureña que en 2019 trató de denunciar la agresión de un hombre en la comisaría de Xirivella (Valencia) y acabó detenida, con una propuesta de expulsión y sin poder denunciar.
En este sentido, los parlamentarios que forman parte de IU solicitan explicaciones al Ejecutivo de por qué no se han emitido aún las "instrucciones necesarias" para que extranjeros en situación irregular y víctimas de delito formulen denuncias sin derivarles a un proceso que puede acarrear su expulsión del territorio nacional.
Incluso preguntan si se prevé una reforma legislativa de la Ley de Extranjería, equiparable a la que protege a las víctimas en situación irregular de violencia de género y a las víctimas o testigos de trata de seres humanos.
"¿Qué medidas concretas tiene previsto adoptar para, en casos como los señalados, auxiliar a la víctima del delito, ofreciendo una respuesta que sea reparadora del daño y minimice sus efectos traumáticos, así como evitar el efecto disuasorio que pone en peligro la actividad punitiva del Estado, tal y como señala el Defensor del Pueblo?", cuestionan los diputados de la formación.
