El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido este jueves una carta a la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, para reclamarle que "fiscalice" e "impida" el acuerdo del Gobierno con Junts para delegar las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña mediante una futura ley orgánica.
"No existe ningún país de la Unión Europea que fragmente la seguridad en diferentes policías dentro de un mismo Estado", ha señalado el SUP en su escrito, consultado por Europa Press, advirtiendo de que tal transferencia "redundarían en la seguridad y perjudicaría gravemente las políticas europeas en materia de inmigración que tan buenos resultados están teniendo".
El SUP alerta de que la transferencia en materia de inmigración chocan con la pretensión europea de que los Estados tenga capacidad para "filtrar y discernir la estancia de inmigrantes irregulares sin ser detectados, haciendo más eficaz el sistema de asilo, cooperando en las crisis humanitarias y poniendo en marcha medidas contra la radicalización proveniente de terceros países".
El sindicato ha sido uno de los que ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez convalidara in extremis dos decretos sobre medidas anticrisis y mejoras en la Justicia gracias a la abstención del partido que lidera el expresidente catalán Carles Puigdemont.
"No podemos ocultar nuestro miedo e incertidumbre con respecto al futuro más inmediato de la Policía Nacional, ahora condicionado y en peligro en base a los pactos alcanzados entre el Gobierno y los partidos nacionalistas e independentistas", ha añadido.
El SUP recuerda que las competencias en materia de inmigración son, según el artículo 149 de la Constitución Española, exclusivas del Estado y que a través de la Ley Orgánica 2/86, que regula las atribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se articula que la inmigración y extranjería son competencias de la Policía Nacional.
En este sentido, recuerda que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras tiene encomendado por ley "el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, y en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración".
"Solicitamos a la Unión Europea que atienda nuestra petición de fiscalizar estas actuaciones del Gobierno de España e impida, dentro del marco legal, que se transfieran las competencias de inmigración a la Generalidad de Cataluña", concluye el escrito que firma la secretaria general del SUP, Mónica Gracia.
