La vicepresidenta del Parlament y exconsellera de Salud, Alba Vergés, ha dicho al juez que la investiga por el retraso en la vacunación contra la Covid-19 a policías y guardias civiles que interrumpieron la vacunación a estos cuerpos siguiendo el criterio fijado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La causa se abrió a raíz de una denuncia del sindicato de la Policía JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL, en la que también está personada como acusación el Sindicato Profesional de Policía (SPP). Las organizaciones denunciaron ante los tribunales que la Generalitat hubiera paralizado la vacunación para los agentes en Cataluña de ambos cuerpos, cuando ya lo hacían con efectivos de Mossos d'Esquadra y policías locales.
En concreto, Vergés se ha referido a la reunión de este organismo que reúne a todas las comunidades autónomas del 22 de marzo de 2011, cuando acordó retomar la vacunación con AstraZeneca --que se había parado por casos de trombos-- y reservarla para personas de entre 55 y 65 años, han explicado fuentes presentes en la declaración.
Vergés ha justificado que aplicaron criterios sanitarios y técnicos, de acuerdo con la decisión del Consejo Interterritorial, para decidir priorizar las dosis disponibles de AstraZeneca --menos de las que preveían-- para las personas de entre 60 y 65 años.
En ese punto, su departamento se debatió entre priorizar el criterio de edad para administrar AstraZeneca a las personas de esta franja o bien vacunar también a los colectivos esenciales de cualquier edad.
"NO PODREMOS ARGUMENTARLO"
Vergés está investigada en esta causa a raíz de unos mensajes en los que una asesora escribió: "Otra vez, la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo. Lo tendríamos que parar".
Este viernes el juez ha preguntado a Vergés sobre estos mensajes y ella ha replicado que se han malinterpretado al sacarlos de contexto. Según ella, el debate era que el departamento no podría justificar seguir vacunando a policías cuando no se administraba AstraZeneca al resto de colectivos esenciales, como por ejemplo docentes, en favor de la franja de edad 60-65.
El Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona mantiene imputados también al exconseller de Salud, Josep Maria Argimon; al exdirector del CatSalut Adrià Comella, al entonces era director de Servicios del departamento de Salud, Xavier Rodríguez Guasch; y al exsecretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol, mientras que ha archivado el caso para la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, y la exdirectora del área de organizaciones y profesionales del CatSalut, Sara Manjón.
Al recibir los Whatsapps, que podían ser nuevos indicios contra Vergés, el instructor decidió investigar a la exconsellera y, por su condición de aforada al TSJC, le dio la opción de declarar voluntariamente como ha hecho este viernes.
Una vez oída la declaración de Vergés, si el juez quiere seguir investigando a la exconsellera deberá hacerlo con una exposición razonada al TSJC para que el tribunal al que es aforada eventualmente la investigue, algo sobre lo que el magistrado no se ha pronunciado hasta ahora.
