La Junta de Castilla y León y ocho diputaciones provinciales han sumado sus esfuerzos para reclamar al Gobierno de España que garantice la igualdad de acceso de todos los ciudadanos al servicio de Televisión Digital, ya que ha decidido que las emisiones en formato SD de todos los canales de televisión finalicen el próximo día 14 de febrero, como consecuencia del proceso de liberación del segundo dividendo digital.
La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, se ha reunido hoy con los presidentes de todas las diputaciones provinciales y todas han acordado, excepto la de León, suscribir un manifiesto para solicitar al Gobierno de España que, con la máxima urgencia, articule la financiación necesaria para facilitar a los ciudadanos residentes en el medio rural el acceso al servicio de la Televisión Digital.
Este manifiesto tiene como fin "aunar esfuerzos y prestar una colaboración leal con el Gobierno de España para facilitar el acceso a la televisión digital, en el ámbito de sus respectivas competencias", pues todos los firmantes consideran que "es un derecho de todos los ciudadanos de Castilla y León, con independencia de su lugar de residencia, al acceso en condiciones de igualdad a la televisión digital en todo el territorio".
En este manifiesto, que será remitido formalmente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, los representantes autonómicos y provinciales asumen el compromiso de seguir trabajando de forma coordinada en la defensa de los intereses generales de los ciudadanos de Castilla y León.
Y es que consideran que "las especiales características geográficas y demográficas de la Comunidad hacen necesario que el Gobierno de España haga uso de sus competencias y asigne los recursos económicos necesarios para ampliar el acceso a la televisión digital. Especialmente relevante es conceder ayudas a los ciudadanos para adquisición de los receptores SAT-TDT en alta definición en las zonas rurales de la Comunidad de Castilla y León donde no llegan los centros emisores de Televisión Digital Terrestre".
En este sentido, comparten que esta actuación "tiene un marcado carácter social, pues afecta especialmente a zonas rurales y resulta necesaria para garantizar la cohesión social y territorial y el principio de igualdad entre todos los ciudadanos".
Por último, el manifiesto recuerda que los artículos 86 y 99 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, establecen que corresponde al Gobierno la aprobación de los planes técnicos nacionales de radiodifusión y televisión, en el marco de la competencia exclusiva del Estado para la planificación, gestión y control del dominio público radioeléctrico reconocida en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española.
Asimismo, recoge que mediante Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, el Gobierno de España ha aprobado el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y el proceso de liberación del segundo dividendo digital, cuya aplicación efectiva ha de llevarse a cabo con el mínimo impacto sobre los ciudadanos y los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivos.
