La Red de Atención a las (UNAD) ha informado que el perfil de la mujer en prisión con adicción tiene una edad media de 41 años, nacionalidad española (83% de los casos) y estudios primarios.
En cuanto a su entorno, procede de una familia numerosa donde sus ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria, y en la mayoría de los casos cuenta con menores a su cargo. También tienen pareja, la cual se encuentra en prisión en el 71 por ciento de los casos.
Asimismo, el 75 por ciento de las mujeres encuestadas manifiesta haber sufrido alguna vez en su vida malos tratos físicos y el 80 por ciento malos tratos psicológicos. En lo que se refiere a abusos o agresiones sexuales, el 45 por ciento de las mujeres los han padecido en alguno o varios momentos de su vida.
Además, una de cada seis no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión y una de cada tres tiene alguna enfermedad mental diagnosticada. Asimismo, un 12 por ciento tiene reconocida una discapacidad física y el 5 por ciento tiene certificada alguna discapacidad intelectual.
Por otro lado, teniendo en cuenta los delitos por los que son condenadas las mujeres con adicciones son, en su mayoría, contra el patrimonio y la salud pública (70% de los casos).
Todos estos datos sobre la situación de las mujeres con adicciones en las prisiones españolas los ha comunicado la UNAD este viernes en la ONU a través de un 'side event' que ha organizado la propia entidad coincidiendo con la edición número 67 de la Comisión Nacional de Estupefacientes de Naciones Unidas, que se ha celebrado en Viena.
Bajo el título 'Drogas y Justicia Penal: la situación de las mujeres en prisión, la sesión ha sido organizada con la colaboración del Gobierno de España, de Harm Reduction Internacional y de International Drug Policy Consortium (IDPC), con el objetivo de poner sobre la mesa la situación de las mujeres en prisión por delitos relacionados con las drogas desde un enfoque de derechos humanos, poniendo a las personas y a las comunidades en el centro.
Pedro Quesada, coordinador de la Comisión de Políticas Globales de UNAD, ha abordado la realidad concreta de España basándose en el estudio 'La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género', que ha elaborado recientemente UNAD.
Quesada ha explicado que la realidad penitenciaria española es eminentemente masculina, ya que las mujeres representan solo el 7 por ciento de la población reclusa. Esta presencia las "invisibiliza" y hace que la estructura, los servicios y la intervención en las cárceles esté "masculinizada", algo que repercute directamente en la atención de las mujeres, que no ven atendidas sus necesidades.
De hecho, el estudio de UNAD muestra que las mujeres con adicciones en prisión presentan variables psicosociales y de salud que difieren de los hombres, incluyendo las propias adicciones, y cómo ellas se sienten discriminadas en el propio medio penitenciario.
PETICIONES
Con esos datos sobre la mesa y conociendo que el perfil de las mujeres es de una mayor vulnerabilidad y menor peligrosidad que el de los varones, Quesada ha manifestado la necesidad de poner en marcha planes específicos que incorporen la perspectiva de género en sus intervenciones, incluidas las que se realizan en el campo de las adicciones, para que las mujeres dejen de sentirse discriminadas en un sistema diseñado para hombres.
De este modo, ha reclamado la necesidad de crear zonas específicas para mujeres en las cárceles españolas y garantizar la existencia de centros penitenciarios para ellas en todas las provincias.
Por otro lado, ha urgido a aplicar como norma general el régimen abierto incidiendo en las graves situaciones de partida, así como trabajar con cada mujer en su itinerario de inserción laboral para que el acceso al mercado laboral sea igualitario.
Por último, en las actuaciones dirigidas a su preparación para la vida en libertad y desde la protección, Quesada ha pedido que se aborden las situaciones de violencia que han vivido estableciendo protocolos de detección de casos y coordinación con las instituciones especializadas.
En el 'side event' también ha participado Hélène Tirgroudja, integrante del Comité de Derechos Humanos de la ONU; Marie Nougier, responsable de Investigación y Comunicación de IDPC; y Marcella Jofré, analista de Derechos Humanos en Harm Reduction International, quienes han aportado una visión más global sobre la situación de las mujeres en prisión por delitos relacionados con las drogas, así como de las mujeres que consumen drogas en prisión.
UNAD ha organizado este evento gracias al reconocimiento de Estatus Consultivo que sustenta por parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas-ECOSOC, que permite también participar a la sociedad civil en la Comisión de Estupefacientes de forma activa, proponiendo y formulando propuestas en favor de las personas con adicciones, sus familias y sus comunidades.
