El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, comparecerá el próximo viernes 26 de abril en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso de los Diputados.
La Comisión ha citado al Defensor del Pueblo el próximo viernes a las 11.00 horas para que informe sobre su correspondiente gestión durante los años 2022 y 2023. Por ello, Gabilondo presentará a los diputados de la Cámara Baja el informe sobre abusos en la Iglesia que se hizo público el pasado mes de octubre.
Gabilondo señaló a principios de este mes que esperaba acudir "lo antes posible" al Congreso para presentar el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia, que ya entregó a la Cámara Baja hace más de cinco meses.
El Defensor afirmó que desconocía por qué aún no se le había convocado para ese trámite y añadió que, aunque se han presentado más denuncias después de que la institución culminara su estudio sobre este asunto, ha decidido no "retocar" su informe hasta no defenderlo en sede parlamentaria.
Precisamente, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, compartió hace unas semanas con el Papa las conclusiones del estudio llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, en el marco de la audiencia privada que tuvo con el Pontífice en el Vaticano.
El Informe del Defensor del Pueblo, que cuenta con 777 páginas, revela que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en el seno de la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por el Defensor del Pueblo.
Además, el documento apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por "la negación o la minimización del problema".
En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la "negación y a la ocultación", sino incluso a "presiones" de representantes de la misma en las que "se les culpabilizaba de los abusos sufridos".
No obstante, al mismo tiempo, apunta que también se han detectado buena prácticas en la Iglesia y reconoce "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".
Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.
El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.
