La nueva ley, aprobada el martes por 555 votos a favor, 6 en contra y 45 abstenciones, pretende limpiar los mercados europeos de la importación y exportación de productos con vínculos con la esclavitud moderna y las violaciones de los derechos humanos.
A pesar de aplicarse a productos fabricados en cualquier parte del mundo, la ley se considera una medida deliberada contra países como Turkmenistán o China, donde existen pruebas de trabajo forzoso patrocinado por el Estado.
Según el nuevo Reglamento, aprobado el martes y cuya entrada en vigor está prevista para 2027 a la espera de la aprobación final de los Estados miembros, las autoridades nacionales podrán iniciar investigaciones sobre productos con presuntos vínculos con el trabajo forzoso y prohibir su comercialización en la UE.
En caso de sospechas relacionadas con países no pertenecientes al bloque, la Comisión Europea podrá iniciar investigaciones y pedir a los gobiernos de terceros países que realicen inspecciones sobre casos sospechosos de trabajo esclavo.
Multas proporcionadas y disuasorias
Los productos fabricados con mano de obra forzada que se encuentren ya en el mercado de la UE serán donados, reciclados o destruidos, y las empresas que no cumplan las normas se enfrentarán a multas proporcionadas y disuasorias, que definirán los Estados miembros.
"Es una buena noticia para los consumidores y también para las empresas europeas, que actualmente sufren el 'dumping' de las importaciones procedentes de regiones con trabajo forzoso", declaró la eurodiputada verde Anna Cavazzini antes de la votación.
En su post en la red X decía: Este es el gran avance en la lucha contra el trabajo forzoso. Con la votación final en @Europarl_DE
¡Acabamos de sellar la prohibición de productos elaborados a partir de trabajos forzados! En el futuro, no habrá más trabajo esclavo en los productos de la UE 💪
Frenar una preocupante tendencia en la UE
La medida pretende frenar una preocupante tendencia a que productos baratos fabricados con trabajo forzoso se extiendan por el mercado de la UE, así como el aumento del número de personas sometidas a trabajos forzosos y el auge de los beneficios ilegales en la última década.
La Organización Internacional del Trabajo calcula que al menos 28 millones de personas en todo el mundo se encuentran en situación de trabajo forzoso, lo que genera un total de 236.000 millones de dólares, lo que representa unos 217.000 millones de euros al año.
Un informe reciente descubrió vínculos entre decenas de grandes marcas europeas de ropa y el trabajo forzoso en campos de detención de la región china de Xinjiang, donde hay pruebas documentadas de abusos sistemáticos contra uigures y otros grupos étnicos minoritarios.
Abusos contra uigures en la región china de Xinjiang
Un informe del Instituto australiano de estrategia política (ASPI) concluía que marcas como la sueca H&M y la multinacional española Zara podrían estar abasteciéndose de materiales fabricados por uigures en los tristemente célebres campos de detención de Xinjiang, provincia de la que se calcula que procede el 90% del algodón chino y alrededor del 20% del suministro mundial.
En Estados Unidos, una ley de 2021 prohíbe los productos fabricados en Xinjiang, y los importadores están legalmente obligados a demostrar que cualquier producto relacionado con la región se fabrica sin trabajos forzosos.
EE.UU. inició una investigación sobre marcas como Shein y Temu
El año pasado, los legisladores estadounidenses iniciaron una investigación sobre los gigantes minoristas de propiedad china Shein y Temu, que han experimentado un inmenso crecimiento en el mercado de la UE, así como sobre Adidas y Nike, por posibles vínculos con el trabajo forzoso uigur.
Presentado por primera vez por la Comisión en septiembre de 2022, el proyecto de ley de la UE se ha enfrentado a múltiples obstáculos y largos retrasos, y muchos temían que no se pudiera concluir en el actual mandato.
Pero a principios de marzo se llegó a un rápido acuerdo entre el Parlamento y las capitales de la UE, lo que permitió al hemiciclo dar luz verde durante la maratoniana sesión final de esta semana antes de las elecciones europeas de junio.
Críticas de algunos sectores
Los planes han recibido un amplio apoyo de todos los grupos políticos. Pero sus detractores, en particular el partido liberal alemán FDP, favorable a la actividad empresarial, han argumentado que la ley conllevará un exceso de burocracia y pesará sobre las empresas.
La preocupación por la posible interrupción del suministro de materias primas esenciales también ha paralizado las negociaciones. Los vínculos entre el trabajo forzoso en la región china de Xinjiang y la industria solar han hecho temer que la ley provoque escasez de componentes "sensibles" necesarios para la transición energética en Europa.
Productos críticos y compensación a las víctimas
En un compromiso entre las capitales y el Parlamento, las autoridades nacionales pueden pedir a las empresas proveedoras de "productos críticos" que retengan sus productos hasta que puedan demostrar que no existen más vínculos con el trabajo forzoso en sus operaciones, lo que en esencia retrasa las prohibiciones.
Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil también han señalado algunas limitaciones del nuevo reglamento, ya que no incluye la obligación de ofrecer reparación a las víctimas como condición para levantar la prohibición de un producto.
"Los trabajadores afectados por el trabajo forzoso seguirán siendo vulnerables sin una obligación explícita de reparar el daño", declaró a 'Euronews' Sian Lea, responsable de Empresas y Derechos Humanos de Anti-Slavery International, argumentando que sin unos umbrales de prueba bajos, será difícil que los trabajadores presenten denuncias contra las empresas que cometan abusos.
Las ONG también lamentan que no se presuma la existencia de trabajo forzoso impuesto por el Estado en zonas de alto riesgo y sectores en los que hay pruebas de trabajo esclavo.
La normativa es "débil" en esos casos, afirma el grupo de defensa Clean Clothes Campaign: "Nuestra mente se dirige a la población uigur: cabría dudar de si esta normativa tendrá realmente un impacto en sus vidas".
En lugar de presunciones o prohibiciones regionales, la Comisión Europea tendrá que elaborar una lista de esas zonas y sectores, y se creará una plataforma en línea para que las partes interesadas puedan comprobar toda la información disponible.
"Estas nuevas normas no deben quedarse en papel mojado", afirmó Steve Trent, director general de la Fundación para la Justicia Medioambiental (EJF).
"Los Estados miembros y las instituciones europeas deben hacer todo lo que esté en su mano para garantizar que se aplican y se hacen cumplir con firmeza", añadió.
