Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha defendido este jueves ante el Senado que la ley de amnistía es "buena técnicamente" y que "va a resistir el paso del tiempo y el peso de las cuestiones prejudiciales o inconstitucionales" que puedan plantear los jueces ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el Tribunal Constitucional (TC).
Así se ha pronunciado en el marco de su comparecencia en la Comisión Constitucional y de Justicia de la Cámara Alta para informar sobre la proposición de ley de la amnistía que se encuentra en tramitación después de que el pasado 14 de marzo el Congreso le diera el visto bueno.
Durante unos 40 minutos, el letrado ha insistido en que "la ley es buena para todos", al tiempo que ha recalcado que "si es buena solo para unos no es buena ley".
Boye ha empezado su intervención defendiendo que "los indultos son medidas de gracia y las amnistías son medidas legislativas". En este sentido, ha reconocido que "mucho" se ha dicho sobre que la Constitución prohíbe los indultos generales, algo con lo que ha manifestado estar "de acuerdo", pero ha incidido en que la Carta Magna "no prohíbe las amnistías".
"Si el constituyente hubiese querido que el legislador no pudiese proclamar una ley de amnistía hubiese dicho que entre las facultades de las Cámaras queda excluida la de promover o promulgar o proponer una ley de amnistía", ha apuntado.
Con todo, ha subrayado que la amnistía se delimita en un plazo temporal y en unos hechos y que "se ha cuidado de forma exquisita" que la norma no fuese "autoaplicativa" para que se respetase "en todo momento" la separación de poderes; es decir, que el texto no sea de aplicación automática sino que sean los jueces quienes tengan que estudiar cada caso y aplicarla.
Sobre este extremo, el letrado ha asegurado además que la Comisión de Venecia dijo que "no existe ningún problema de separación de poderes" y que tampoco hay inconveniente con el principio de igualdad.
Para Boye, "no es achacable ninguna insuficiencia técnica". "En mi opinión, puedo decirles que estoy convencido de que esta es una buena ley, que resistirá el paso del tiempo como el peso de cualquier cuestión prejudicial o de inconstitucional", ha zanjado.
EL PP PREGUNTA SI PUIGDEMONT ESTÁ "CONFIADO"
Durante el turno de los grupos parlamentarios, el senador del PP Antonio Silván ha asegurado que "respeta" los planteamientos de Boye, aunque estén "en las antípodas" de su formación, y ha defendido que la ley --en contra de lo que defiende el abogado-- es una "auto-amnistía".
Con todo, el 'popular' ha preguntado a Boye --a quien ha señalado como el autor intelectual y negociador de la amnistía-- cuáles fueron las aportaciones concretas de Junts a la ley y a las últimas enmiendas. También le ha preguntado si Puigdemont está "confiado" con la redacción final de la norma.
Boye le ha contestado que "aquí no se trata de qué palabras o qué frases son de uno o de otro, sino que se trata de que el texto legal tenga una coherencia" en la que todos se reconozcan en la norma.
Sobre si Puigdemont está confiado en la ley, ha aseverado que el que tiene que estarlo es él como su abogado. "Yo creo en la ley, y creo en el Estado de Derecho. Y por lo tanto, creo que si la ley se aplica correctamente, no es el presidente Puigdemont el que tiene que estar confiado, sino todos aquellos que entran dentro de la ley, que son varios cientos de personas, pero sobre todo quienes tienen que estar confiados son todos los ciudadanos", ha dicho.
PRIMERO EL TJUE Y LUEGO EL TC
Por su parte, el senador del PSOE Antonio Magdaleno ha defendido la "constitucionalidad" de una ley que, a su juicio, "permite avanzar hacia la conciliación" con Cataluña.
Al hilo, la senadora María Teresa Pallarès, de Junts, ha reiterado que desde su partido creen que esta ley de amnistía es "el instrumento más adecuado para acabar con la judicialización de la política".
En su intervención, Pallarès ha afeado toda la "oposición" que ha recibido la norma en el Senado, donde el PP es mayoría absoluta. "Para todos los que están intentando traer a esta Cámara iniciativas para frenar la ley, y piensan que la norma es contraria al Derecho de la Unión Europea, ¿cómo nos explica usted que primero tengamos que estar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y luego el Constitucional?", ha preguntado al abogado.
Boye ha defendido que ello es así porque "si una norma es contraria al Derecho de la Unión, ¿qué más da si es constitucional?". "Es decir, hay una orden de prelación. Primero hay que ver si esa norma es contraria al Derecho de la Unión y en función de si lo es o no, se verá si tiene que ser constitucional", ha apuntado.
Desde ERC, el senador Joan Queralt ha optado por no hacer "ninguna pregunta" porque, según ha dicho, sería "reiterar" la mayor parte de los "acertados argumentos" de Boye.
AMNISTIAR UNA DÉCADA DEL 'PROCÉS'
Cabe recordar que el texto de la amnistía se encuentra en tramitación parlamentaria en el Senado después de que fuese aprobado por el Congreso el pasado 14 de marzo. La norma pretende amparar los actos determinantes de "responsabilidad penal, administrativa o contable" ejecutados en el contexto del 'procés' --incluidos el 9-N y el 1-O--, así como su preparación y sus consecuencias, "siempre que hubieren sido realizados entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023".
La ley busca perdonar los actos tipificados como delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación --cuando no haya enriquecimiento-- dirigidos a financiar, sufragar o facilitar las conductas amnistiables en el periodo fijado, "así como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idéntica finalidad".
Ampara también el terrorismo atribuido al 'procés', "siempre y cuando" no se haya actuado "de forma manifiesta y con intención directa" de causar "violaciones graves de Derechos Humanos", como matar y torturar. Exonera los actos tipificados como tortura cuando "no superen un umbral mínimo de gravedad". Y perdona la traición cuando no se haya producido una "amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial" como fija la ONU.
Aunque la ley no recoge nombres propios, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado públicamente que ampararía a 372 personas. Puigdemont sería uno de los amnistiables.
