Las comunidades de regantes defienden que su independencia evita la "contaminación política del agua"

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Juan Valero de Palma, ha asegurado que la independencia de las corporaciones a las que representa es determinante para evitar la "contaminación política del agua".

Así se ha expresado en su intervención en la jornada 'El agua, su adecuación a las demandas: el verdadero reto' que ha tenido lugar en el Salón Internacional del Campo este 8 de mayo.

De esta manera, ha señalado que las comunidades de regantes "pacifican" el uso del agua y ejercen como "colchón" al minimizar los conflictos y pleitos que se producen en la distribución y administración de las aguas en España.

Asimismo, ha apostillado que los gobernantes y quienes aspiran a representar y dirigir instituciones y entidades públicas como las Comunidades de Regantes deben actuar siempre con ejemplaridad en los comportamientos, transparencia y códigos de Buen Gobierno.

En general, Valero de Palma ha destacado que las comunidades de regantes facilitan la gestión y administración racional de las aguas, distribuyéndolas con equidad y transparencia y ha defendido que facilitan al Estado la recaudación a los usuarios de los costes de funcionamiento y explotación de las obras hidráulicas.

A su vez, ha valorado la "reputación internacional" que ostenta el regadío español y ha opinado que ésta debe servir para que la opinión pública considere que el regadío es un sector "modernizado y sostenible, determinante para garantizar la producción de alimentos, afrontar los retos demográficos y reforzar la lucha contra el cambio climático".

Por otro lado, ha planteado constituir a Fenacore como entidad verdaderamente representativa del regadío español y de todas las Comunidades de Usuarios y fortalecer organizaciones con suficiente envergadura para agrupar a las comunidades de regantes (como podrían ser a su juicio la Comunidad General o la Junta Central)

Además, ha defendido la colaboración público-privada. En su opinión, el carácter de Corporación de Derecho público de las Comunidades de Regantes resulta compatible con una gestión privada, que en principio debe resultar "más eficiente y eficaz".

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