La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Pompeyo González, el hombre de 74 años detenido en 2022 en Burgos por el presunto envío de seis cartas con material explosivo al presidente del Gobierno español, a la ministra de Defensa, al embajador de Ucrania en España y otros destinatarios.
La Fiscalía pide para el acusado, un jubilado residente en Miranda de Ebro (Burgos), un total de 22 años de prisión por un delito de terrorismo y otro de fabricación y empleo de explosivos. Este lunes se espera que declare ante el juez, que también tomará declaración de testigos y peritos de las fuerzas de seguridad del Estado.
Los hechos de los que se le acusa se remontan a noviembre de 2022, cuando habría enviado presuntamente sobres con artefactos explosivos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al embajador de Ucrania en España y a la empresa Instalaza, que diseña y produce equipamiento militar.
También dirigió otra misiva a la base aérea de Torrejón de Ardoz y, ya en diciembre, el Ministerio de Defensa y la Embajada de Estados Unidos interceptaron otros envíos durante los escáneres de seguridad.
El acusado, que exhibiría tendencias prorrusas, buscaba expresar su rechazo al apoyo institucional a Ucrania y forzar un cambio de postura oficial al respecto, tratando de causar para ello una "profunda conmoción en la normal convivencia pacífica de la sociedad española", según el relato de la Fiscalía recogido por medios locales.
