La viuda del empresario Javier Cabotá y un colaborador se han desmarcado este lunes, en la Audiencia Provincial de Baleares, de un presunto desvío de 1,6 millones de euros de un grupo de empresas de Llucmajor, procedentes de negocios inmobiliarios en Cancún (México).
El empresario, fallecido el pasado diciembre, también figuraba como acusado en la investigación que se originó en 2013 con una querella de las sociedades afectadas. La Fiscalía pedía para él seis años de cárcel por delito societario y apropiación indebida, en relación a unos hechos ocurridos entre 2006 y 2012.
Las perjudicadas son cuatro empresas creadas para el desarrollo de proyectos urbanísticos en Cancún, con notables inversores del sector financiero y turístico. El papel de estas empresas era únicamente la tenencia de la totalidad o parte del capital social --actuar como 'caja'-- de las filiales espejo en México.
En ese contexto, la Fiscalía acusaba a Cabotá de haber creado una operativa para traspasar fondos de esas empresas a otras del Grupo Cabotá, en movimientos sin ninguna justificación o mediante dobles facturaciones.
En el banquillo se encuentra su viuda, apoderada de varias de las entidades, y una persona de confianza de Cabotá que figuraba como administrador único. Para la primera la Fiscalía pide cinco años de prisión y para el segundo, cinco años y medio.
Con todo, en su declaración en el juicio ambos se han desentendido de las operaciones supuestamente fraudulentas, asegurando que se limitaban a cumplir con las instrucciones de Cabotá. Han insistido en todo momento en que firmaban lo que aquel les indicaba y que ellos no ejercían funciones de gestión empresarial.
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