El coste asociado a la atención de los casos de ictus en Europa es actualmente de 60.000 millones de euros al año para el sistema de salud, cifra que crecerá un 43,3 por ciento, hasta los 86.000 millones de coste, en 2040, según apuntan los últimos datos del sistema de seguimiento de ictus 'Service Stroke Tracker' (SST), del Plan de Acción contra el Ictus para Europa 2018-2030 (SAP-E, por sus siglas en inglés)
Asimismo, los datos de seguimiento indican que estos gastos previstos sobre los casos de ictus irán destinados a cuidados informales, atención sociosanitaria y pérdidas de productividad.
En el marco del Día Europeo de Concienciación sobre el Ictus, el próximo 14 de mayo, el SAP-E ha publicado sus datos, que ofrecen una imagen de la atención y el apoyo al ictus en Europa, y destacan tanto el progreso conseguido como los retos persistentes.
Los datos del sistema de seguimiento de ictus en Europa, recopilados de 43 países, muestran algunas mejoras en el cumplimiento de los objetivos generales del SAP-E 2018-2030. La respuesta en la fase aguda, así como la organización y el control de calidad de los servicios, muestran mejoras notables.
Sin embargo, a pesar de estos avances, el acceso a la atención en unidades de ictus, el seguimiento y los servicios de apoyo después del ictus siguen siendo áreas de preocupación. Los datos revelan la necesidad de llevar a cabo medidas para garantizar un acceso equitativo a estos servicios, que son vitales para atender a las personas afectadas por la enfermedad.
Desde la Fundación Ictus, que impulsa el SAP-E, destacan que el ictus es una emergencia médica, y es que sólo en España cada año se producen 120.000 casos. La incidencia de esta enfermedad se ha duplicado en los últimos 30 años y las previsiones actuales señalan que continuará creciendo aún más. De hecho, se estima que para 2035 en Europa se producirá un aumento del 34 por ciento en el número de casos, superando los cuatro millones y medio.
Estas cifras, sumadas al hecho de que hasta el 90 por ciento de los ictus podrían evitarse con el control de los factores de riesgo modificables, subrayan la importancia de destinar una adecuada inversión a prevenir el ictus. El SAP-E recoge en su plan 2018-2030 la necesidad de aplicar estrategias nacionales de salud pública para promover hábitos saludables con los que reducir la incidencia de la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el consumo de alcohol o la vida sedentaria entre otros.
APOYO POST-ICTUS PARA REDUCIR EL COSTE DE LA ENFERMEDAD
Los datos del sistema de seguimiento de ictus en Europa, asimismo, indican un acceso desigual a los servicios de vida después de sufrir esta enfermedad. Los estudios demuestran que, además de abordar la discapacidad física, se deben tener en cuenta las repercusiones a nivel cognitivo y psicológico derivados del ictus. Esta enfermedad limita la autonomía y capacidad laboral de los pacientes. En muchos casos, además, los familiares se convierten en los principales cuidadores, lo que puede implicar sacrificios laborales y sociales para garantizar una atención adecuada al paciente, y esto genera un fuerte impacto económico.
En España, donde una de cada cuatro personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida, de los que entre el 33 y el 35 por ciento quedará con secuelas que necesitan rehabilitación, la Fundación considera que se han hecho avances importantes en la fase aguda, pero queda camino por hacer.
"Es urgente y necesario establecer las líneas de actuación centradas en la persona para mejorar su vida después de un ictus. Éstas deben garantizar el contínuum asistencial y el acceso equitativo a los recursos y servicios públicos de rehabilitación y mantenimiento. Abordar estos ámbitos es esencial para garantizar que todas las personas afectadas por ictus reciban la atención integral que necesitan para recuperarse, y es la manera de reducir el impacto económico asociado a los casos que se producen cada año", ha explicado la enfermera experta en ictus y Coordinadora de la Fundació Ictus en Cataluña, Mercè Ayesta.
