Un tribunal de Belfast ha determinado que la Ley de Inmigración Ilegal aprobada en Reino Unido incluye prerrogativas que no se pueden aplicar en Irlanda del Norte, ya que irían en contra de los acuerdos sellados tras el Brexit y podrían suponer un incumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos.
La nueva ley dota al Gobierno de un mayor margen de maniobra en materia migratoria y gira en torno a un plan de deportaciones de solicitantes de asilo a Ruanda que ha sido cuestionado por agencias de Naciones Unidas y que puede terminar en manos del Tribunal Europeos de Derechos Humanos (TEDH).
La Justicia norirlandesa ha estudiado dos demandas, entre ellas las de un adolescente de origen iraní, que esgrimían las protecciones garantizadas en el Marco de Windsor y ha concluido que la reforma puede suponer una merma "significativa" de los derechos de los solicitantes de asilo, cimentados a su vez en los Acuerdos de Viernes Santo de 1998.
El Gobierno ha abierto la puerta a recurrir este último fallo, según informa la radiotelevisión pública BBC. El Ejecutivo de Sunak sostiene que la nueva ley es necesaria para contener la "inaceptable" llegada de inmigrantes, con la vista puesta en frenar el flujo migratorio en el canal de la Mancha.
En este sentido, Sunak ha descartado dar marcha atrás en sus planes y ha deslizado incluso la posibilidad de desoír un potencial dictamen del TEDH, que ya frenó 'in extremis' el primer intento de acometer las deportaciones a Ruanda.
