Bruselas da un ultimátum a Microsoft para que responda por el riesgo de su IA para la difusión de bulos electorales

La Comisión Europea ha enviado un ultimátum a Mocrosoft para que responda a más tardar el próximo 27 de mayo a la información requerida desde el pasado marzo por Bruselas para explicar qué medidas está tomando la compañía para cumplir las nuevas reglas comunitarias contra el riesgo de que sus sistemas de Inteligencia Artificial (IA) generativa ayuden a la difusión de bulos y otras formas de desinformación durante procesos electorales como las europeas del próximo junio.

Los servicios comunitarios advierten de que no han recibido la información solicitada el 14 de marzo al gigante tecnológico sobre los riesgos específicos que plantean las funciones de IA que ofrece su motor de búsqueda 'Bing', en especial a través de los sistemas 'Copilot' e 'Image Creator by Designer'.

Bruselas advierte de que este es un nuevo paso en el proceso abierto para comprobar que Microsoft cumple con las obligaciones que la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) impone a las principales plataformas del sector; y advierte de que si no recibe los datos reclamados en el plazo fijado podrá establecer una sanción económica.

En concreto, las nuevas reglas prevén multas de hasta un 1% de los ingresos anuales de la compañía o de su volumen de negocios global o bien establecer una multa periódica de hasta el 5% de los ingresos medios diarios o del volumen de negocio total. También puede fijar multas similares en caso de que la información remitida sea incorrecta, esté incompleta o lleve a equívoco.

En este caso, el Ejecutivo comunitario pide datos y informes internos de 'Bing' que no fueron transmitidos en la primera respuesta al requerimiento de Bruselas, con el objetivo de que permitan aclarar si la compañía ha violado las reglas sobre los riesgos de la IA generativa, por ejemplo permitiendo la difusión de 'deepfakes' o la manipulación automática de servicios que puedan llevar a engaño a los votantes.

Una vez que los servicios comunitarios reciban la información, sus servicios analizarán en detalle los datos disponibles antes de decidir si avanza en el expediente y considera necesario abrir un procedimiento sancionador formal.

© Europa Press