La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado este lunes que los móviles del Gobierno infectados con el 'software' Pegasus, entre ellos el del presidente Pedro Sánchez y el suyo propio, no contenían información clasificada y únicamente causó afectación a la intimidad de las víctimas.
Así lo ha hecho en su comparecencia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso, que tiene lugar después de que la Audiencia Nacional haya reabierto la causa en la que investigaba la infección con el programa israelí de espionaje, que también infectó los dispositivos móviles de los ministros del Interior y de Agricultura y Pesca, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.
La reapertura de la causa se ordenó a finales de abril, tras recabar nueva información de las autoridades francesas, después de archivarse de forma provisional en julio de 2023 por la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel, que no contestó a la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional.
UNA INVESTIGACIÓN PENDIENTE DE FRANCIA
Ahora, el magistrado José Luis Calama ha recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación llevada a cabo en el país vecino en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés, ministros y diputados con ese mismo 'software'.
Durante la comparecencia, la ministra ha hecho hincapié en que "no hay constancia alguna conocida de que los dispositivos móviles infectados contuvieran información clasificada legalmente como secreta o reservada" y ha negado, por tanto, la posibilidad de que la Seguridad Nacional se viera comprometida o quebrada como resultado de las infecciones con Pegasus.
Lo que sí se vio afectado, según la titular de la cartera, fue la intimidad y los datos personales de los dueños de los terminales 'hackeados'. Este "atentado a la intimidad" de Sánchez, Robles, Marlaska y Planas fue el que hizo que el Gobierno acudiera a la Justicia a denunciar el espionaje.
FOTOS CON MILITARES
De su caso concreto, ha querido matizar que "no tiene información reservada" en su teléfono móvil porque cuando acude al Consejo de Ministros, foros internacionales o encuentros con organismos lo deja fuera de las salas de reuniones, pero sí tiene "fotos con militares" que regresan a España desde misiones internacionales o soldados ucranianos. "Eso me gusta hacer, no por mí, sino para poner en valor el trabajo que hacen nuestras Fuerzas Armadas", ha explicado.
Asimismo, se ha referido al informe pericial solicitado por el juzgado al Centro Criptológico Nacional para comprobar si las cuestiones técnicas puestas de relieve por las autoridades francesas competentes pueden determinar que la autoría de la infección a los terminales del presidente y los ministros coincide con el espionaje a los franceses.
"Son actuaciones de carácter técnico para ver si hay coincidencia sobre la posible autoría entre quienes realizaron infecciones en Francia y las que lo realizaron aquí en España", ha explicado la ministra.
Por otro lado, Robles ha reprochado al PP, Sumar y EH Bildu que "especulen" sobre la autoría de la infección con Pegasus y ha rechazado que el Gobierno sea objeto de "chantajes" por la información robada. El diputado del PP Rafael Hernando y el representante de EH Bildu en la comisión, Jon Iñarritu, han sugerido que Marruecos podría estar detrás del espionaje, mientras que el diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné ha metido en la ecuación también a Israel, puesto que es el país dueño del 'software'.
"Hay un principio de presunción de inocencia y sólo lo que está probado es real, aquí no podemos hacer especulaciones de si ha sido uno u otro porque nos venga bien para un titular", ha afeado la titular del departamento de Defensa, que se ha ceñido a la investigación judicial en curso para determinar la autoría del responsable de la infección.
ESPIONAJE A INDEPENDENTISTAS
Aprovechando su comparecencia, ERC, Junts, Bildu y PNV han sacado a colación el espionaje sufrido por casi una veintena de líderes independentistas, entre ellos el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, habida cuenta de que se produjo con Pegasus. El caso, actualmente en manos de la Justicia, se llevó por delante a la exdirectora del CNI Paz Esteban, que además está imputada.
Robles ha hecho hincapié en que el Gobierno ha reconocido el espionaje de 18 personas, pero ha vuelto a insistir en que las actuaciones llevadas a cabo con Pegasus se hicieron siempre con autorización judicial y que el CNI siempre actúa con arreglo a la legalidad. Del mismo modo, ha negado que se trate de "espionaje político", que ha dicho que rechaza.
En este contexto, sí ha reconocido que la autorización judicial podría darse mediante un órgano colegiado y no mediante un único juez, abriendo la puerta a una eventual modificación de la ley reguladora de las actividades del CNI.
Precisamente este asunto es el objeto principal de una comisión de investigación que el PSOE aceptó en el Congreso a cambio del voto de los independentistas para hacer presidenta a Francina Armengol y dar a la izquierda la mayoría de la Mesa de la Cámara. Dicha comisión de aprobó en diciembre y se constituyó el pasado mes de febrero, pero no ha llegado a arrancar por falta de acuerdo en torno a las comparecencias.
