El Gobierno ha vuelto a negar, esta vez en una respuesta parlamentaria, que la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, realizara labores de intermediaria en contratos suscritos por el Ejecutivo con empresas privadas.
"No se puede tener constancia de un hecho que no se ha producido", sentencia el Ejecutivo en el escrito recogido por Europa Press al contestar a una pregunta firmada por el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, junto con otros diputados de la formación.
En concreto, los de Santiago Abascal cuestionaban al Ejecutivo si se tenía "constancia de la actividad de intermediación de Begoña Gómez entre empresas privadas y el Gobierno", ya que según recogen en el texto registrado, algunos medios han publicado que "desde junio de 2020 se han adjudicado un total de 18.684.584 euros a la empresa Barrabés (a través de la UTE de Barrabés con The Valley)".
Asimismo aseguran que la esposa de Sánchez como co-directora del Máster Propio de la UCM en Dirección de captación de fondos públicos y privados en organizaciones sin ánimo de lucro habría "intermediado" para que la empresa mencionada "se llevara un contrato del Gobierno de siete millones de euros".
El pasado mes de abril, un juzgado abrió diligencias de investigación contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en las que se aseguraba que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" era Carlos Barrabés.
SÁNCHEZ: NO ERAN CARTAS DE RECOMENDACIÓN
Esas diligencias judiciales llevaron al presidente a tomarse cinco días de reflexión para pensar si merecía la pena continuar en Moncloa y, tras tomar la decisión de seguir en el cargo, fue el PP quien pidió explicaciones a Sánchez en el Pleno del Congreso, un debate que está programado para este miércoles.
Numerosos miembros del PSOE negaron esta información tachándola de "falsa" y fue el propio Sánchez quien el pasado viernes durante una entrevista, matizó que lo que su pareja hacía no eran "cartas de recomendación" para empresas determinadas sino "declaraciones de interés".
En concreto, el líder del Ejecutivo detalló que lo que hizo su esposa fue "una declaración de interés a un concurso" en el que, además de la cátedra de Gómez participaban también "más de una treintena de instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid" e hizo hincapié en que después 'Red.es', la empresa pública que debía decidir si contrataba o no a esas empresas vinculadas a Gómez, optó por "hacer colaboraciones con dieciocho empresas tecnológicas", dejando fuera a la que tenía la declaración de interés presentada por su esposa.
