El Ministerio de Justicia de Ucrania ha informado este martes de que "más de 3.000 presos" han presentado ya sus respectivas solicitudes para poder alistarse en las Fuerzas Armadas, acogiéndose así a la nueva ley de reclutamiento con la que Kiev espera solventar la escasez de efectivos en su guerra contra Rusia.
Así lo ha destacado la viceministra de Justicia, Olena Visotska. Cifras, ha explicado que son las "esperadas" tras la reciente aprobación de esta controvertida ley a la que pueden acogerse condenados por delitos menores e incluso aquellos por asesinato, previo análisis de las autoridades militares.
Visotska ha explicado que si bien las primeras cifras que se barajaban estaban alrededor de los 20.000 candidatos, las diferentes situaciones particulares de los presos no permite que todos puedan aspirar a beneficiarse de la libertad condicional para participar en el conflicto.
"Los presos pueden tener enfermedades socialmente peligrosa. Infección por VIH, tuberculosis o hepatitis, por lo que tampoco pueden participar en este proyecto. Es por eso que cuando hablamos de grandes números, alrededor de 20.000, son cifras muy teóricas. En realidad, son entre 4.000 y 5.000", ha señalado.
"Pero nos hemos dado cuenta de que hay entre 4.000 y 5.000 personas motivadas que desean obtener la libertad condicional bajo condición de firmar un contrato con las Fuerzas Armadas", ha destacado, según recogen agencias ucranianas.
Visotska ha explicado que las cifras que se pronostican "son solo datos preliminares" y deja en manos de los equipos médicos y las autoridades militares la labor de determinar quienes de los candidatos podrían finalmente alistarse.
"Hemos empezado a trabajar con quienes han expresado su deseo, para que hagan las declaraciones oportunas, ya están trabajando las comisiones médicas y militares (...) En consecuencia, son los comandantes de las unidades militares quienes dan su consentimiento y entregaremos el material al tribunal", ha explicado.
Por último, Visotska ha advertido de que aquellos presos que no cumplan con el contrario y evadan sus nuevas responsabilidades con el Estado pueden enfrentarse a penas de prisión de entre cinco y diez años.
