"Victoria histórica" para los pequeños Estados insulares en la Justicia: Las emisiones de CO2 se considerarán contaminantes marinos

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar determinó el martes que las emisiones de carbono se consideran contaminación marina y que los países deben tomar medidas para mitigar sus efectos. ©Christian Charisius/dpa via AP

Un tribunal internacional de los océanos acaba de emitir un dictamen jurídico "histórico" que esboza las obligaciones de los países frente al cambio climático.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM, una corte de la ONU sobre derecho marítimo) ha dictaminado que las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los humanos pueden considerarse un contaminante marino. La corte afirmó además que los países tienen la obligación legal de aplicar medidas que mitiguen su efecto en los océanos.

El dictamen del TIDM fue solicitado el pasado septiembre por un grupo de nueve pequeños Estados insulares del Pacífico y el Caribe amenazados por la subida del nivel del mar: la Comisión de Pequeños Estados Insulares sobre el Cambio Climático y el Derecho Internacional ('COSIS', por sus siglas en inglés).

"Una victoria jurídica histórica"

El asesor jurídico del grupo declaró que el resultado de hoy era una "victoria jurídica histórica para las pequeñas naciones insulares".

"Como guardián legal del Tratado de los Océanos, el TIDM ha dado un primer paso fundamental al reconocer que aquello por lo que las pequeñas naciones insulares llevan décadas luchando en las negociaciones de la COP ya forma parte del derecho internacional", declaró el profesor Payam Akhavan, representante legal de COSIS.

"Los grandes contaminadores deben evitar daños catastróficos a las pequeñas naciones insulares, y si no lo hacen, deben compensar las pérdidas y los daños", añadió.

¿Cuáles son las principales conclusiones de la primera opinión consultiva sobre el clima?

El TIDM es un tribunal creado en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un acuerdo internacional que establece un marco jurídico para todas las actividades marinas y marítimas.

El tribunal emitió lo que se conoce como una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados de proteger el medio marino de conformidad con este tratado mundial.

El dictamen del tribunal expone lo que el derecho marítimo internacional obliga a hacer a los países en relación con el cambio climático a través de sus tribunales nacionales y regionales, sus planes nacionales sobre el clima y sus compromisos internacionales, como los contraídos en conversaciones como la COP29.

Se le pidió que considerara tres cuestiones: si las emisiones de gases de efecto invernadero se consideran contaminación marina, cuáles son las obligaciones de un Estado para prevenir y reducir esa contaminación y cuáles son sus obligaciones para proteger y preservar los océanos de los impactos del cambio climático.

La conclusión es que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero sí constituyen una forma de contaminación marina. Esto significa que la obligación legal de los Estados de proteger y preservar el medio marino en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ('UNCLOS', por sus siglas en inglés) también se aplica a los principales causantes de la crisis climática.

Cuando el medio marino se ha degradado, esta obligación puede exigir medidas para restaurar los hábitats y ecosistemas marinos

"Los Estados también tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino de los efectos del cambio climático y la acidificación de los océanos", declaró el juez Albert Hoffman al emitir la opinión consultiva del Tribunal el martes en Hamburgo. "Cuando el medio marino se ha degradado, esta obligación puede exigir medidas para restaurar los hábitats y ecosistemas marinos".

Las medidas para combatir el cambio climático deben determinarse objetivamente sobre la base de la ciencia disponible, señaló el tribunal, pero también el principio de precaución incluido en el derecho internacional significa que esto debe aplicarse incluso ante la incertidumbre científica.

La corte añadió que, incluso si un Estado cumple con sus obligaciones en virtud del Acuerdo de París, esto no significa que haya satisfecho sus obligaciones legales en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Se trata de obligaciones independientes relacionadas con el cambio climático, afirmó el TIDM.

Tuvalu es uno de los pequeños Estados insulares que es miembro de COSIS.Alastair Grant/AP

La opinión consultiva reconoció a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como un medio para abordar una "situación desigual" a la que se enfrentan los países en desarrollo y vulnerables al clima, que son los que menos han contribuido pero los que más sufren las consecuencias del cambio climático.

El juez Hoffman afirmó que los países deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las emisiones bajo su jurisdicción o control no causen daños a otros Estados y a su medio ambiente.

También añadió que los Estados tienen la obligación específica de ayudar a los países en desarrollo (en particular a los vulnerables a los efectos del cambio climático) en sus esfuerzos por hacer frente a la contaminación marina provocada por las emisiones.

El Tribunal señaló que el cambio climático representa una "amenaza existencial" que plantea problemas de derechos humanos. Se trata de otro reconocimiento significativo del vínculo entre las normas de derechos humanos y la obligación de los países de tomar medidas contra el cambio climático.

¿Qué significa esto para futuros casos climáticos?

Esta es la primera de las tres opiniones consultivas que se han pedido a los tribunales internacionales para aclarar qué obligaciones jurídicas tienen los Estados en la lucha contra el cambio climático. También se esperan opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Justicia.

Aunque esta opinión consultiva en sí no es jurídicamente vinculante, los expertos creen que las aclaraciones sobre cómo debe aplicarse el derecho internacional podrían tener un impacto significativo en la forma en que los tribunales se pronuncien sobre cuestiones climáticas en el futuro. También es probable que influya en las negociaciones internacionales de la COP29, que se celebrará en Azerbaiyán a finales de este año.

El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, declaró que el dictamen del TIDM servirá de base a la futura labor jurídica y diplomática para "poner fin a la inacción que nos ha llevado al borde de un desastre irreversible".

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