En un dictamen urgente, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa recomienda encarecidamente derogar la Ley de Georgia sobre Transparencia de la Influencia Extranjera en su forma actual, ya que sus defectos fundamentales implicarán importantes consecuencias negativas para las libertades de asociación y expresión, el derecho a la intimidad, el derecho a participar en los asuntos públicos, entre otros aspectos.
A petición de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia ha evaluado la ley a través de su procedimiento de urgencia. Lamenta que el Parlamento georgiano no esperara su dictamen antes de aprobar la ley, a pesar de los llamamientos del Presidente de la Asamblea Parlamentaria y del Secretario General del Consejo de Europa.
El dictamen analiza la compatibilidad de la ley con las normas internacionales y europeas aplicables. Concluye que las restricciones establecidas por la ley a los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación y la intimidad son incompatibles con la estricta prueba establecida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que no cumplen los requisitos de legalidad, legitimidad, necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad, así como con el principio de no discriminación.
¿Una ley para garantizar la transparencia?
La ley, bajo la supuesta finalidad de garantizar la transparencia, tiene el efecto objetivo de arriesgarse a estigmatizar, silenciar y eventualmente eliminar a las asociaciones y medios de comunicación que reciban incluso una pequeña parte de sus fondos del extranjero. Se crea un fuerte riesgo de que las asociaciones y medios de comunicación que lleguen a verse afectados sean aquellos que son críticos con el Gobierno, de modo que su eliminación afectaría negativamente al debate público abierto e informado, al pluralismo y a la democracia.
La Comisión de Venecia recomienda que las autoridades georgianas abandonen el régimen especial de requisitos de registro, información y divulgación pública para las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación en línea y las emisoras que reciben apoyo extranjero, incluidas las sanciones administrativas. Aunque la legislación georgiana vigente ya contiene disposiciones que obligan a las organizaciones afectadas por la ley a registrarse e informar, incluso sobre sus fuentes de financiación, no se ha dado ninguna explicación convincente de por qué las obligaciones existentes serían insuficientes para garantizar la transparencia.
En caso de que las disposiciones vigentes resultaran insuficientes, las autoridades georgianas deberían considerar la posibilidad de modificar la legislación vigente de conformidad con las normas europeas e internacionales. En particular, las verdaderas actividades de representación (lobbying) en nombre de países extranjeros podrían regularse de acuerdo con las normas europeas, en caso de que la legislación actual resultara inadecuada.
La Comisión de Venecia lamenta además que esta norma, sensible a los derechos humanos pero también muy controvertida en la sociedad georgiana, como demuestran las reacciones masivas en el país, haya sido adoptada en un procedimiento que no dejaba espacio para un debate genuino y una consulta significativa, ignorando abiertamente las preocupaciones de gran parte del pueblo georgiano. Este modo de proceder no cumple los requisitos europeos de elaboración democrática de leyes, concluye la Comisión de Venecia.
