El último traslado de un alto funcionario antimonopolio de la Comisión Europea a un bufete privado ha provocado una investigación de la Defensora del Pueblo de la UE, preocupada por los posibles conflictos de intereses.
Las puertas giratorias entre el sector privado y el público pueden tener un "efecto corrosivo" en la confianza pública, alimentar el euroescepticismo y socavar los intereses de la UE, afirma Emily O'Reilly, en una carta publicada este miércoles.
En un comunicado de prensa del 8 de mayo, el bufete de abogados Paul Weiss anunció la contratación de Henrik Morch, director de la sección antimonopolio de la Comisión Europea con 30 años de carrera.
El bufete de abogados con sede en Nueva York citó la "amplia experiencia" de Morch en la tramitación de casos de fusiones como una ventaja para los clientes del bufete, un giro quizá desafortunado de la frase que suscitó especial preocupación en O'Reilly.
La Comisión ha permitido que uno de sus altos funcionarios trabaje para una empresa no comunitaria
"La impresión es que la Comisión ha permitido que uno de sus altos funcionarios trabaje para una empresa no comunitaria que espera obtener grandes beneficios de su conocimiento interno", dijo O'Reilly, que investiga presuntos casos de malversación en las instituciones de la UE.
"Como este traslado no estaba prohibido, la Comisión debería publicar sin demora las restricciones que ha impuesto al mismo", añadió su carta, fechada el 17 de mayo. Para empeorar las cosas, el bufete Paul Weiss no ha sido claro sobre sus actividades en Bruselas, y la Comisión no ha dicho si impondrá alguna restricción al trabajo de Morch.
O'Reilly recordó a la Comisión que en 2022 especificó que debía prohibirse a los funcionarios de la Dirección General de Competenciatrabajar en empresas privadas en las que pueda haber un conflicto de intereses.
Otras contrataciones controvertidas
Ello siguió a una serie de contrataciones controvertidas, entre ellas la de Carles Esteva Mosso, director general adjunto de la DG COMP, para convertirse en socio antimonopolio de Latham & Watkins, y la de Adam Farkas, director ejecutivo de la agencia bancaria de la UE, para trabajar en el grupo de presión que conforma la Asociación para los Mercados Financieros en Europa.
Un reciente estudio de Transparencia Internacional publicado pocas semanas antes de que el bloque se someta a las urnas, muestra que los eurodiputados ganan colectivamente millones de euros con empleos adicionales a su sueldo de legisladores.
La normativa vigente permite estos puestos remunerados, pero el grupo de presión alega conflictos de intereses, sobre todo cuando los eurodiputados trabajan para empresas que ejercen presión sobre la UE.
