La Comisión Europea ha multado a la empresa alimentaria Mondelēz, propietaria de las galletas Oreo y otras marcas de aperitivos, con 337,5 millones de euros (366 millones de dólares) por obstaculizar las ventas de sus productos entre los Estados miembros de la UE, informó el jueves el órgano ejecutivo del bloque.
Mondelēz es propietaria de las marcas de chocolate Cadbury y Toblerone, así como de las galletas Oreo,Chips Ahoy yTriscuit y las barritas Perfect Snacks.
La Comisión declaró que Mondelēz había intentado evitar este comercio transfronterizo porque podría haber dado lugar a precios más bajos. Afirmó que esto perjudicaba a los consumidores, que acababan pagando más por el chocolate, las galletas y el café.
«Estas prácticas ilegales permitieron a Mondelēz seguir cobrando precios más altos por sus propios productos, en detrimento de los consumidores de la UE», declaró la Comisión.
La empresa de dulces y aperitivos con sede en Chicago infringió las normas de competencia de la UE «al participar en acuerdos anticompetitivos o prácticas concertadas dirigidos a restringir el comercio transfronterizo de diversos productos de chocolate, galletas y café», dijo la Comisión. «Y al abusar de su posición dominante en determinados mercados nacionales de venta de tabletas de chocolate».
Proteger la libre circulación de mercancías
La Comisaria de Competencia de la UE, Margrethe Vestager, dijo que el caso se refería a los precios de los alimentos, una preocupación especialmente importante para los europeos en un momento de elevada inflación.
«Se trata también del corazón del proyecto europeo: la libre circulación de mercancías en el mercado único», dijo Vestager.
Según el Ejecutivo europeo, la empresa participó en 22 acuerdos o prácticas concertadas contrarios a la competencia. Uno de estos acuerdos incluía una disposición que ordenaba a los clientes de Mondelēz cobrar precios más altos por las exportaciones que por las ventas nacionales. La Comisión añadió que Mondelēz había impedido a diez distribuidores exclusivos establecidos en la UE-27 a responder a las solicitudes de venta de clientes de otros países de la UE sin la autorización previa de la empresa.
