Los Veintisiete han dado este viernes luz verde final a la directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés), que prevé multas y sanciones para las grandes empresas que socaven los derechos humanos y el medio ambiente, aunque han rebajado el alcance de la propuesta inicial, por lo que afectará a menos compañías de las que estaba previsto.
La nueva norma introduce obligaciones para las grandes empresas en relación con los impactos adversos de sus actividades sobre los derechos humanos y la protección del medio ambiente, aunque no sólo afecta a las operaciones de las multinacionales, sino también a las actividades de sus filiales y a las de sus socios comerciales a lo largo de la cadena de actividad.
El texto pactado en diciembre entre el Consejo y el Parlamento Europeo preveía que estas nuevas reglas se aplicasen a las compañías europeas con más de 500 empleados y una facturación mundial neta de más de 150 millones de euros y a las compañías con más de 250 empleados y con una facturación superior a 40 millones de euros si, al menos, 20 millones proceden de sectores específicos como el textil, la agricultura, la pesca, las materias primas agrícolas o materiales de construcción.
Sin embargo, los Estados miembro, que han cedido a la presión de países como Alemania, han reducido esa ambición, por lo que la directiva afectará, finalmente, a empresas de más de 1.000 empleados con un volumen de negocios de más de 450 millones de euros.
Las empresas afectadas por la legislación adoptada hoy tendrán que adoptar e implementar un sistema basado en riesgos para monitorear, prevenir o remediar los derechos humanos o los daños ambientales identificados por la directiva.
Las empresas afectadas por la legislación tendrán que adoptar e implementar un sistema basado en riesgos para monitorear, prevenir o remediar los derechos humanos o los daños ambientales identificados por la directiva.
La directiva exige que las empresas garanticen el respeto de los derechos humanos y las obligaciones medioambientales a lo largo de su cadena de actividades y, de identificarse una violación de estas obligaciones, las empresas deberán tomar las medidas adecuadas para prevenir, mitigar, poner fin o minimizar los impactos adversos que surjan para sus propias operaciones, las de sus filiales y las de sus socios de negocios en su cadena de actividades.
Además, tendrán que adoptar y poner en práctica un plan de transición climática que garantice que su modelo de negocio cumplirá con la limitación del calentamiento global a 1,5°C, en consonancia con las disposiciones del Acuerdo de París.
Las capitales tendrán dos años para implementar las normas y procedimientos administrativos para cumplir con la directiva, que se aplicará de forma gradual en función del tamaño de las empresas empezando por aquellas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación, hasta aquellas que superen los 1.000 empleados y una facturación de 450 millones de euros.
