Las autoridades electorales de Venezuela revocaron el martes una invitación para que una misión de la Unión Europea (UE) observara las próximas elecciones presidenciales del país, en las que el presidente Nicolás Maduro aspira a la reelección.
El jefe del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, citó las sanciones económicas impuestas por el bloque de 27 Estados miembros como la razón para retirar la invitación. La UE aún no había aceptado la invitación cursada a principios de año.
Amoroso dijo que la decisión del martes pretende demostrar que los representantes de la UE "no son bienvenidos a nuestro país mientras se mantengan las sanciones genocidas contra la República Bolivariana de Venezuela, y especialmente contra su Gobierno".
El bloque, sin embargo, solo mantiene sanciones contra más de 50 venezolanos acusados de actos de represión o esfuerzos para socavar la democracia, pero no contra el Gobierno en su conjunto.
El anuncio se produjo dos semanas después de que la UE levantara temporalmente las sanciones contra cuatro funcionarios vinculados al organismo electoral, entre ellos Amoroso, en reconocimiento a las medidas adoptadas antes de las elecciones del 28 de julio. Pero el Gobierno venezolano y Amoroso rechazaron con vehemencia el levantamiento, alegando que era selectivo e insuficiente.
En un comunicado, la UE instó al Consejo Nacional Electoral a reconsiderar su decisión. "El pueblo venezolano debería poder elegir a su próximo presidente en unas elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldadas por la observación internacional, incluida la de la Unión Europea, que tiene un largo y distinguido historial de observación independiente e imparcial", decía la declaración publicada en la red social X.
En 2021, la UE aceptó la invitación de las autoridades venezolanas para enviar una misión de observación de las elecciones regionales, que incluían elecciones a gobernador y alcalde. La misión concluyó que la contienda se desarrolló en mejores condiciones que las elecciones celebradas en el país en los últimos años, pero que, no obstante, se vio empañada por el uso de fondos públicos en beneficio de candidatos progubernamentales.
Las anomalías electorales citadas por la misión incluían retrasos en la apertura y cierre de los centros de votación, una cobertura desproporcionadamente favorable al partido gobernante en la televisión estatal y el uso de alimentos y otros bienes gratuitos como herramientas políticas, entre otras.
La candidatura presidencial de la opositora María Corina Machado quedó inhabilitada
A principios de año, el organismo electoral de Venezuela fijó las elecciones presidenciales para el 28 de julio e invitó a varias organizaciones a observar la contienda. Esas decisiones cumplieron algunas de las disposiciones de un acuerdo firmado el año pasado entre el Gobierno de Maduro y la coalición opositora Plataforma Unitaria, respaldada por Estados Unidos.
En virtud del acuerdo firmado en la isla caribeña de Barbados, ambas partes se comprometieron a trabajar para mejorar las condiciones de unas elecciones libres y justas. Sin embargo, el Gobierno de Venezuela ha puesto a prueba continuamente los límites del acuerdo, entre otras acciones, bloqueando la candidatura de la principal opositora del presidente, María Corina Machado.
Machado, exlegisladora, ganó las primarias presidenciales de la coalición en octubre con más del 90% de los apoyos. Pero el Tribunal Supremo confirmó en enero una decisión administrativa que bloqueaba su candidatura. Su sustituto también fue excluido, por lo que Machado y la coalición apoyan ahora al exdiplomático Edmundo González Urrutia.
