La Plataforma de Infancia considera que, cuando se cumplen tres años de la aprobación de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), tiene aún pendiente "mucho por hacer para su plena implementacion" y apunta la creación de una justicia amigable y juzgados especializados como "el gran reto pendiente a nivel estatal".
Para la organización, de la que forman parte 70 entidades de infancia, el aspecto relativo a la justicia es "fundamental para evitar la revictimización de la infancia víctima de violencia en los procedimientos judiciales. Aunque en este sentido no se han producido muchos avances, según la Plataforma, "actualmente hay tres proyectos de ley en tramitación parlamentaria que suponen una gran oportunidad para conseguir una justicia adaptada para la infancia y en los que los grupos parlamentarios deberían trabajar para garantizar esta especialización", ha apuntado la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.
Por otro lado, la Estrategia de Erradicación de la Violencia Infantil y Adolescente (EEVIA), recuerdan, carece de previsión presupuestaria. Por ello, las organizaciones de infancia apelan a las Administraciones estatales y autonómicas para que aseguren el presupuesto necesario para las acciones que se contemplan en el plan.
Consideran, no obstante, aspectos positivos la creación de un Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia (CEPIA) en 2021 con el objetivo de garantizar el derecho a la participación de niños y adolescentes o la puesta en marcha en 2022 de la Comisión frente a la violencia en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CoViNNA).
SITUACIÓN TERRITORIAL
A nivel autonómico consideran que la LOPIVI tiene que desarrollarse aún en los diferentes territorios para convertirse en una realidad y recuerdan que "solo cuatro comunidaes han modificado sus leyes de infancia tras la aprobación".
En el ámbito del ocio y tiempo libre no se ha regulado la figura de delegado de protección en todas las comunidades autónomas. Además, "la LOPIVI dispone que las Administraciones públicas elaboren protocolos para la prevención, detección precoz e intervención frente a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, con el fin de crear un entorno seguro en el ámbito del ocio y tiempo libre, sin embargo, muy pocas Comunidades Autónomas han avanzado en este sentido", ha señalado Escorial.
Asimismo, se considera que en el ámbito del sistema de protección se debe seguir trabajando para crear entornos seguros para la infancia y la adolescencia. Las organizaciones de infancia instan a las Administraciones autonómicas a que incorporen en sus ordenamientos una figura análoga a la del delegado de protección en todos los recursos residenciales, teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de estas niñas, niños y adolescentes frente a la violencia.
Y, en el ámbito educativo, en relación a la figura del coordinador de bienestar, se considera que "existe una regulación muy heterogénea en las distintas comunidades autónomas y además no siempre se abordan todas las cuestiones necesarias para garantizar la correcta implantación de esta figura, lo que deja a los centros educativos sin los recursos suficientes".
Por ello, la Plataforma de Infancia propone un acuerdo de la Conferencia Sectorial en la que se establezcan unos mínimos para que todas las regiones garanticen en sus centros escolares el adecuado funcionamiento de la figura del coordinador o coordinadora de bienestar. Además, considera importante que las autoridades competentes pongan en marcha las medidas previstas para todas las etapas educativas, y garantizar que las escuelas infantiles de 0 a 3 años son entornos seguros.
Por último, las organizaciones de infancia consideran que se debe trabajar para desarrollar las medidas de protección a la infancia y la adolescencia en el entorno digital, en el marco establecido en la ley.
