La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha exigido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "fije una reunión" para abordar la situación del Hospital Naval o, de lo contrario, ha advertido que "convocaremos una movilización para que escuche a los cartageneros".
Y es que el expediente abierto por el Ayuntamiento de Cartagena por las obras "ilegales" detectadas en el antiguo Hospital Naval ha revelado que Patrimonio del Estado "ha activado el ‘expediente de mutación demanial definitiva con compensación presupuestaria’ por un valor de 25 millones de euros".
Según el Consistorio, esto se traduce en que el Ministerio "estaría estudiando comprar el antiguo hospital". Por ello, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha exigido que "fije un fecha para una reunión o fijaremos una fecha para una movilización".
Arroyo ha apostillado que "si la administración no quiere escuchar a los representantes de los cartageneros, llega el momento de que escuchen directamente a los cartageneros" y ha reiterado que si la ministra, Elma Saiz, no fija la fecha de la reunión en lo que queda de semana, convocará a la Junta de Portavoces para acordar la fecha y el lugar de una manifestación.
EL objetivo de esta movilización, ha añadido, sería "expresar nuestro rechazo a que el Ministerio concentre todos los recursos en Cartagena", pues ha recordado que Cartagena es "la única ciudad de España que recibe inmigrantes por mar y además le llegan en avión, desde Canarias".
La regidora ha denunciado públicamente "el silencio, las medias verdades y las grandes mentiras" del Gobierno central ante las noticias que "confirman la permanencia del campamento", ya que hoy se ha conocido, además, que el Ministerio de Defensa "ha prorrogado un año más la cesión del Hospital Naval al Ministerio de Migraciones, cuando siempre mantuvo que sería temporal".
"Eso no es lo que Cartagena quiere para el Hospital Naval, como ha expresado la voz mayoritaria del Pleno del Ayuntamiento, que es la opinión mayoritaria de los ciudadanos", pues como ha añadido Arroyo "el pleno del Ayuntamiento se ha manifestado reiteradamente en contra de ese uso y ha solicitado su cesión al municipio".
Para la primera autoridad de Cartagena, "hay razones de peso para defender que la decisión del ministerio es un grave error, por eso llevo meses tratando de explicarlo personalmente a los responsables del ministerio".
"No me gusta salir a la calle para defender asuntos que se resuelven desde el diálogo, pero estoy obligada a utilizar todos los medios legales a nuestro alcance para impedir una decisión que quieren imponernos en contra de lo que queremos los cartageneros", ha subrayado.
Ha recordado que el Ayuntamiento de Cartagena se ha dirigido en reiteradas ocasiones al Gobierno central para poner en su conocimiento los acuerdos del Pleno y para solicitar una reunión con los responsables ministeriales, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta.
