El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha devuelto al Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona la causa en la que se investigan los retrasos en la vacunación contra el coronavirus a policías y guardias civiles destinados en Cataluña, después de que la entonces consellera de Salud Alba Vergés haya dejado de ser aforada al no ser diputada del Parlament en la nueva legislatura.
En una diligencia consultada por Europa Press este lunes, el TSJC constata que Vergés ya no es aforada en este tribunal, se inhibe de la causa y la devuelve a Instrucción 17, que ya se había encargado de investigar el caso antes de que la imputación a Vergés (entonces aforada) la hiciera trasladar al TSJC.
En febrero, el instructor pidió al TSJC que se hiciera cargo de la causa para poder investigar a Vergés, que en ese momento era aforada por su cargo de vicepresidenta del Parlament en la legislatura que acabó con las elecciones del 12M.
El juez había interrogado a Vergés en enero, una cita a la que ella acudió voluntariamente a pesar de ser una instancia inferior a la que le correspondía por su condición de aforada.
En esa declaración, Vergés defendió que pararon la vacunación siguiendo el criterio fijado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero el juez veía motivos para investigarla y por eso propuso al TSJC que se encargara de la instrucción.
A mediados de abril, el TSJC asumió la causa en la que también están investigados el exconseller de Salud, Josep Maria Argimon, el exdirector del CatSalut, Adrià Comella, el entonces director de Servicios de Salud, Xavier Rodríguez Guasch; y el exsecretario general de Salud, Marc Ramentol.
EL INSTRUCTOR YA VEÍA INDICIOS SUFICIENTES
Con lo que había investigado hasta entonces, el juez valoró que hay suficientes indicios contra Vergés, que surgen "principalmente de la contundente declaración" de Ramentol --que afirmó que los altos cargos de la Conselleria acordaron parar la vacunación-- y de prueba documental sobre la participación de Vergés en la decisión de suspender la vacunación ya programada.
En este sentido, en la causa constan mensajes de Whatsapp en los que una asesora de Vergés dijo a la secretaria de Salud Pública y entonces subdirectora general de promoción de la salud, Carmen Cabezas, que Vergés quería parar la vacunación: "Otra vez, la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo. Lo tendríamos que parar".
Se da la circunstancia de que el TSJC ya se pronunció sobre este asunto en la vía Contenciosa-Administrativa, a raíz de un recurso de sindicatos policiales que derivó en una sentencia en la que el tribunal concluyó que el plan de vacunación de la Generalitat fue "discriminatorio" para los policías y guardias civiles en Cataluña.
RAMENTOL SEÑALA A VERGÉS, ARGIMÓN Y COMELLA
El instructor sospechaba entonces que la decisión de paralizar la vacunación fue de Ramentol, Argimon, Comella, Rodríguez y Vergés, algo que está documentado en un mail que el primero envió a Cabezas y Rodríguez, y que el propio Ramentol "admite haber participado en la adopción del acuerdo de paralización de la vacunación", apuntó el juez.
En su declaración como investigado, Ramentol "afirmó con contundencia que la decisión de parar la vacunación de Policía Nacional y Guardia Civil fue adoptada de manera colegiada en el departamento de Salut" y que participaron Vergés, Argimón y Comella.
Según dijo al juez Ramentol, fue una decisión dialogada, discutida, debatida y consensuada entre esos tres responsables, e insistió en que la orden que él dio por mail "desde principio a fin es una decisión colegiada".
INVESTIGACIÓN
Cuando el instructor que ahora retomará la investigación envió la causa al TSJC, afirmó que había suficientes indicios de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores.
También indicó que el ritmo de vacunación a policías y guardias civiles fue "muy diferente" del que tuvieron los cuerpos de emergencias de la Generalitat.
En este sentido, recordó que el 24 de marzo de 2021 se habían vacunado un 77% de Mossos d'Esquadra, un 68,9% de policías locales y Bombers de la Generalitat, un 77,9% de la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona y el 66,9% de Bombers de Barcelona, y en cambio solo el 3,6% de la Policía Nacional y el 2,8% de la Guardia Civil en Cataluña.
Valoró en ese momento que parar la vacunación fue "una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, adoptada por altos cargos del departamento de Salud contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil".
