Feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han pedido al Ministerio de Igualdad que denuncie por malversación de caudales públicos a las instituciones que hagan un mal uso de los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.
Así lo han puesto de manifiesto en una carta dirigida a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, donde señalan que han documentado 119 casos de mal uso de los fondos del Pacto de Estado, desde el 1 de abril.
En este sentido, para la organización, el mal uso de los fondos se enmarca en la definición legal de malversación de caudales públicos y señala a Redondo "que es de su responsabilidad litigar para recuperar los fondos malversados y garantizar que el dinero no tenga un uso diferente de aquel al que estaba destinado, ya que esto afecta a la función encomendada a los asuntos competenciales de su administración y afecta gravemente al Pacto de Estado".
También recalcan que es labor de la Delegación del Gobierno "la aprobación del catálogo de acciones finalistas susceptibles de ser financiadas y su posterior fiscalización para garantizar que sean destinadas a sensibilizar a la sociedad, prevenir los comportamientos sexistas que alientan la violencia machista y apoyar a las víctimas en sus procesos para salir de la violencia".
Igualmente, denuncian que diferentes corporaciones locales "continúan detrayendo recursos del Pacto de Estado para iniciativas ajenas, cuando no contrarias, a la lucha contra la violencia contra las mujeres".
CONCENTRACIONES Y FESTIVALES LGTBI
Asimismo, indican que "ayuntamientos de todo el territorio y con gobiernos de diferente signo político", están destinando durante el mes de junio los recursos contra la violencia machista a marchas, concentraciones y festivales LGTB, o a "debates transgeneristas (unidireccionales) que cuestionan la desigualdad basada en la pertenencia al sexo femenino y sus consecuencias para las políticas públicas que la combaten".
Finalmente, Contra el Borrado de las Mujeres se pregunta si las instrucciones que anunció Igualdad para la correcta aplicación de los fondos han sido cursadas y consideran "gravísimo" que, de haberse trasmitido, "se ignoren y desprecien continuando con las prácticas malversadoras".
