Apple incumple la Ley de Mercados Digitales ('DMA', por sus siglas en inglés) de la Unión Europea (UE) con sus normas sobre la App Store, según ha declarado la Comisión Europea en las conclusiones preliminares enviadas a la empresa este lunes. Según el Ejecutivo comunitario, el gigante tecnológico impide a los desarrolladores de aplicaciones dirigir libremente a los consumidores hacia canales alternativos de contenidos.
Según la 'DMA' (las normas de competencia de la UE que entraron en vigor en marzo de este año), los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones a través de la App Store de Apple deben poder informar gratuitamente a sus clientes de posibilidades alternativas de compra más baratas, dirigirles a esas ofertas y permitirles realizar compras.
Las conclusiones preliminares de la Comisión sugieren que ninguna de las condiciones comerciales de la empresa permite a los desarrolladores orientar libremente a sus clientes. Además, en la mayoría de las condiciones comerciales a disposición de los desarrolladores de aplicaciones, Apple solo permite la orientación a través de "enlaces", lo que significa que los desarrolladores de aplicaciones pueden incluir un enlace en su aplicación que redirija al cliente a una página web en la que el cliente pueda celebrar un contrato.
En virtud de la 'DMA', Apple está autorizada a percibir, a través de la App Store, una comisión por facilitar a los desarrolladores la captación inicial de un nuevo cliente. Sin embargo, la Comisión dijo que las tasas cobradas por Apple van más allá de lo estrictamente necesario para dicha remuneración.
"Nuestra posición preliminar es que Apple no permite plenamente el direccionamiento, que es clave para garantizar que los desarrolladores de aplicaciones dependan menos de las tiendas de aplicaciones de los 'gatekeepers' y para que los consumidores conozcan mejores ofertas", dijo en un comunicado Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión a cargo de la política de competencia.
Apple tiene ahora la posibilidad de examinar las conclusiones de la Comisión y responder por escrito. Si se confirman las opiniones de la Comisión, esta puede adoptar una decisión de incumplimiento en un plazo de 12 meses a partir de la apertura del procedimiento el 25 de marzo.
Tercera investigación por incumplimiento
Por otra parte, la Comisión también ha abierto una tercera investigación por incumplimiento contra la gran empresa tecnológica ante el temor de que los nuevos requisitos contractuales de la compañía para los desarrolladores y tiendas de aplicaciones de terceros (incluida la nueva 'Core Technology Fee' de Apple) no se ajusten a sus obligaciones.
Entre otras cosas, comprobará si la 'Core Technology Fee' de Apple, por la que los desarrolladores de aplicaciones de terceros deben pagar una tasa de 0,50 euros por aplicación instalada, cumple con la 'DMA'. En una declaración a 'Euronews', un portavoz de Apple dijo que la compañía ya ha "realizado una serie de cambios para cumplir con la DMA".
"Estamos seguros de que nuestro plan cumple la ley, y estimamos que más del 99% de los desarrolladores pagarían lo mismo o menos en tasas a Apple con las nuevas condiciones comerciales que hemos creado. Todos los desarrolladores que hacen negocios en la UE en la App Store tienen la oportunidad de utilizar las capacidades que hemos introducido, incluida la posibilidad de dirigir a los usuarios de la aplicación a la web para completar las compras a un precio muy competitivo. Como venimos haciendo habitualmente, seguiremos escuchando a la Comisión Europea y colaborando con ella", declaró el portavoz de la compañía.
Además de Apple, la Comisión designó a otros cinco 'gatekeepers' en el marco de la 'DMA': Alphabet, Amazon, ByteDance, Meta y Microsoft. En marzo, el Ejecutivo abrió investigaciones por incumplimiento de las normas de Alphabet sobre el direccionamiento en Google Play y la autopreferencia en Google Search, de las normas de Apple sobre el direccionamiento en la App Store y la pantalla de elección de Safari, y del "modelo de pago o consentimiento" de Meta. En caso de infracción, las empresas se enfrentan a multas de hasta el 10% de la facturación mundial total del 'gatekeeper'.
