El Real Patronato de la Discapacidad ha convocado las ayudas del Programa Reina Letizia para la Inclusión con un presupuesto de 5,5 millones de euros. El objetivo es que personas con discapacidad puedan estudiar y formarse.
Los beneficiarios son personas con nacionalidad española o residencia legal en España, con discapacidad legalmente reconocida en España igual o superior al treinta y tres por ciento o situaciones asimiladas o personas con capacidad intelectual límite destinatarias de las medidas de acción positiva para el acceso al empleo. La cuantía máxima de la ayuda por beneficiario será de 10.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes es hasta el 22 de julio de este año.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llamado este martes a hacer políticas públicas para "empezar a remover obstáculos" de la vida de las personas con discapacidad. "De lo que se trata con este programa y de lo que se trata en las políticas públicas en general es de empezar a remover obstáculos, hacer que la vida sea más fácil", ha asegurado el ministro en la presentación de la IV Convocatoria del Programa Reina Letizia para la Inclusión.
Bustinduy ha explicado que el programa es una "muestra de determinación y de voluntad" por parte del departamento que dirige, pero también "una obligación constitucional gracias a la reforma del artículo 49 de la Constitución".
Igualmente, el ministro ha explicado que el programa es "un pequeño paso" y ha pedido no "perder de vista" desde dónde se parte y hacia dónde hay que llegar. "Cada paso es evidentemente insuficiente pero cada paso es imprescindible para poder dar los siguientes el objetivo no puede ser otro que esos derechos que hemos reconocido se traduzcan en realidad", ha afirmado. Además, ha apuntado que el objetivo no puede ser solo apoyar a las personas con discapacidad, sino "hacer universal la condición de ciudadanía".
Por último, Bustinduy ha indicado que va a empezar una negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha explicado que va a hacer su "labor", en "todo lo que tiene que ver con la agenda de la sociedad". En todo caso, ha añadido que se trata de un trabajo "compartido", por lo que ha animado al Real Patronato sobre Discapacidad a movilizarse.
BUSTINDUY DICE QUE CADA AVANCE "REQUIERE DETERMINACIÓN Y VOLUNTAD"
"Cada avance, por insuficiente que sea en relación a los objetivos, no es una casualidad y no es magia requiere, como ha dicho Jesús antes, determinación, requiere voluntad, pero si esto sucede es porque en España hay una sociedad civil organizada que lo reivindica, lo reclama y lo demanda. Y, por tanto, yo voy a hacer todo lo que pueda y un poquito más pero avanzaremos más y será más fácil si seguís haciendo vuestra labor de manera ejemplar como lo estáis haciendo", ha concluido el ministro.
En este sentido, el director General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, ha señalado que el objetivo del programa es que las personas con discapacidad puedan sufragar su proyecto académico en bachillerato, enseñanzas artísticas, deportivas, formación profesional, escuelas oficiales de idiomas, universidad, preparación de oposiciones o formaciones de hasta más de 300 horas.
"Este programa es una mano tendida a tantos noes que hemos recibido las personas con discapacidad. Cuando hemos dicho que queríamos ser funcionarias, que queríamos ser médicas, que queríamos ser abogadas o que queríamos irnos de Erasmus, se acabaron las negativas", ha asegurado para añadir que "no es magia", sino "justicia social".
Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha destacado en su intervención que los apoyos son "la materialidad" que las personas con discapacidad precisan "para ejercer los derechos sin restricciones". En todo caso, ha apuntado que estos derechos "han de estar estructurados, han de estar reglados" y que los sistemas públicos "deben garantizarlos".
A su juicio, Pérez Bueno ha indicado que hay que hacer un "banco de pruebas", una especie de experimentación de ayudas que estén disponibles para "necesidades insatisfechas", donde se compruebe, en el ejercicio y en la práctica, si son viables, donde hay una experiencia administrativa de qué es lo que quieren las personas con discapacidad, qué necesitan, y dónde hay carencias en los dispositivos públicos.
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, "FUNDAMENTAL" PARA "GARANTIZAR LA IGUALDAD"
Asimismo, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha recalcado durante su intervención que el derecho a la educación es un "fundamental" para todas las personas y "para garantizar la igualdad de género". En este sentido, Peláez ha denunciado que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, las personas con autismo y las personas en el medio rural, "siguen siendo una demanda fundamental para la igualdad de género".
En esta misma línea, ha lamentado "la brecha existente" en la información con la que se cuenta en relación con la educación de las mujeres y niñas con discapacidad. "Hemos conseguido avanzar en la situación de la discapacidad. Se empieza a conocer más cuál es exactamente el contexto de la discapacidad cuando hablamos de educación. Pero no se analiza esa cuestión de discapacidad desde una perspectiva de género", ha explicado.
Sobre la Ley de Paridad, Peláez ha dicho que, "más que nunca", es necesario garantizar la "participación igualitaria e inclusiva" de las mujeres en todos los sistemas de toma de decisiones. "El punto de equidad tiene que ser el 50-50. Y si no se habla de 50-50, estaremos encontrando o poniendo paños calientes a una realidad que es injusta y que es insostenible en términos de equidad", ha recalcado.
