La Policía de Túnez ha detenido este miércoles al secretario general de la opositora Unión Popular Republicana, Lofti Mraihi, tan solo unos días después de que un tribunal emitiese una orden de arresto en su contra por los supuestos crímenes de lavado de dinero y de transferencia de activos al extranjero sin autorización del Banco Central tunecino, todo ello en el marco de un aumento de las detenciones y condenas contra opositores.
Mraihi, quien forma parte del cada vez mayor grupo de político de la oposición acusados de "terrorismo", de "corrupción" o de "insultar a cargos públicos", ha sido trasladado al cuartel general del Departamento de la Policía Judicial de El Gorjani, según ha informado la emisora tunecina Mossaique FM.
Además, un portavoz del Pabellón Judicial de Lucha contra el Terrorismo ha confirmado a la misma fuente la emisión de una orden de arresto contra el destacado empresario Slim Chibub por los delitos de "terrorismo".
Cabe destacar que Chiboub, esposo de una de las hijas del expresidente Zine el Abidine ben Alí --quien salió del poder en 2011 tras una oleada masiva de protestas consideradas como el inicio de la 'Primavera Árabe'-- pasó un año en prisión tras su regreso al país en 2014, tras lo que alcanzó un acuerdo para devolver el dinero robado a cambio del fin de las investigaciones. El antiguo presidente del equipo de fútbol Esperance fue detenido nuevamente en 2020 tras ser acusado de no saldar sus deudas y no cumplir su parte del acuerdo.
La oposición, aglutinada mayoritariamente en torno al Frente de Salvación Nacional (FSN), ha denunciado desde hace más de dos años una deriva autoritaria del presidente del país, Kais Saied, y ha exigido su dimisión, especialmente ante la oleada de detenciones de opositores, activistas y periodistas, así como las bajas tasas de participación en el referéndum constitucional y las elecciones celebradas desde entonces en Túnez.
Saied asumió poderes adicionales en 2021 cuando cerró el Parlamento electo, dominado por la formación islámica Ennahda, y pasó a gobernar por decreto antes de asumir la autoridad sobre el poder judicial, una acción por la que asumió todas las competencias estatales y considerada por sus críticos como un autogolpe de Estado. El mandatario ha fijado para el 6 de octubre las elecciones presidenciales, fecha en la que se le acaba el mandato.
