Los sindicatos Jupol y SUP han cargado contra la aprobación en Consejo de Ministros de una transferencia de crédito de 49 millones de euros para la jubilación de Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra.
En el caso de Jupol ha expresado su indignación con esta decisión el Ejecutivo, que bajo su criterio camina "en dirección opuesta a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas".
Para el sindicato policial, esta medida "incrementa las diferencias" entre los distintos cuerpos y supone "una nueva falta de respeto" de este Gobierno a la Policía Nacional y Guardia Civil.
El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha denunciado que supone una "auténtica falta de vergüenza del Ejecutivo", que a su juicio "está vendido a los partidos independentistas, a los que concede sin rechistar cualquier pretensión con el único objetivo de conservar sus sillones en el Gobierno".
Rivero ha manifestado que a día de hoy la diferencia entre la nómina de un agente de Policía Nacional y de un Mosso d'Esquadra es de unos 600 euros al mes. Una cantidad que asegura "se incrementa hasta los 900 euros en el caso de los agentes jubilados o prejubilados".
Por su parte, el portavoz del sindicato policial, Pablo Pérez ha mostrado malestar por este anuncio del ejecutivo, con el que asegura que "lo único que se consigue es aumentar las brechas salariales entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas".
Mientras, SUP ha reprochado que el Ejecutivo no puede seguir usando el pretexto de que "no hay presupuesto" para cumplir los acuerdos económicos y laborales con la Policía Nacional tras esta transferencia.
Es más, han lamentado que el "asunto es aún más doloroso en el caso de Cataluña", por la "negativa a atender las reiteradas peticiones de SUP para que se declare esta comunidad autónoma como Zona de Especial Singularidad.
Al hilo, ha criticado que el Ejecutivo siga sin "liberar" las partidas necesarias para desplegar el acuerdo de equiparación salarial de 2018 y denuncian la "nueva situación de discriminación" con respecto a los cuerpos autonómicos.
