La Asociación de Fiscales (AF) ha celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de suspender de forma cautelar el decreto que firmó la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado el pasado 4 de julio, aquel por el que se insta a los miembros del Ministerio Público a declarar si preparan o no a opositores, al considerarlo "innecesario" y "desproporcionado".
En un comunicado emitido este martes, la asociación se ha mostrado "satisfecha" con el pronunciamiento del TSJ madrileño y ha indicado que --con la decisión adoptada-- el decreto de Delgado queda "suspendido" hasta que los magistrados se pronuncien sobre el fondo del recurso que presentó la AF.
La presidenta de la asociación, Cristina Dexeus, espera que el pleito principal acoja las peticiones de la AF. "Lo que queremos es que no se imponga a toda la Carrera Fiscal obligaciones de declarar cuestiones que no están previstas normativamente", ha señalado.
La decisión del tribunal madrileño tiene lugar después de que el pasado 29 de julio la AF presentara un recurso contencioso-administrativo y pidiera la suspensión cautelar del mencionado decreto. Cabe recordar que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) presentó recurso contra el mismo texto el pasado 13 de julio.
EL RECURSO DE LA AF
En el decreto promovido por Delgado se acordó que los fiscales jefes de las diferentes fiscalías y órganos del Ministerio Público hicieran llegar el modelo de declaración correspondiente a todos los miembros de sus respectivas plantillas, quienes deben cumplimentarlo, rubricarlo y enviarlo antes del 30 de septiembre.
Desde la AF han asegurado que dicha obligación "no supone novedad alguna porque ya tenía reflejo normativo en el derogado reglamento de 1969". Según indicó la asociación en un comunicado el pasado agosto, el decreto "se dictó con una finalidad distinta": "imponer" a "la inmensa mayoría" de los fiscales "declarar en documento oficial que no hacen algo en concreto".
La asociación defendió entonces que "una vez iniciado este peligroso camino nada impedirá que se impongan en el futuro nuevas obligaciones al antojo del Fiscalía General del Estado (FGE)". "La cuestión de fondo es de enorme calado", advirtió la AF, al considerar que lo central radica en determinar si la FGE puede arrogarse "competencias exclusivas del poder legislativo definidoras del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".
En este sentido, la AF insistió en que con el decreto se les "impone" una "obligación no prevista en la norma, innecesaria y desproporcionada" porque, según indicó, puede "afectar a los derechos a la intimidad, libertad y protección de datos".
EL PROCEDIMIENTO EN EL TSJ
En el marco del comunicado emitido en agosto, la AF informó de que el Letrado de la Administración de Justicia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid había acordado recabar de la Fiscalía General el expediente administrativo y había ordenado crear una pieza de medidas cautelares, dando traslado al Ministerio Público para que se pronuncie.
El pasado 12 de agosto, la fiscal jefe inspectora dictó un decreto en el que acordó remitir el expediente requerido y la notificación de la resolución a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y a "todos y cada uno de los fiscales de toda España".
Para la AF, se trata de una "manifiesta confusión" entre la figura del interesado y del demandado. "Parece entender la Inspección Fiscal que todos los fiscales individualmente considerados pudieran tener la condición de demandados por la Asociación de Fiscales, como también podrían tenerla las dos asociaciones profesionales", señaló.
Según el comunicado de este martes, la UPF se ha personado en el procedimiento como codemandada junto a la Fiscalía General del Estado.
