El abogado sevillano que recurrió al Tribunal Constitucional (TC) que un cliente tuviera que esperar hasta 2024 para un juicio laboral ha presentado un escrito ante la corte de garantías en el que critica que se haya vuelto a posponer, sin fecha, la deliberación sobre su recurso.
Daniel Sánchez ha considerado, en declaraciones a Europa Press, "vergonzoso, bochornoso, indignante" esta decisión: que el Constitucional no estudiará tampoco su recurso la próxima semana, y después de que el pasado 26 de septiembre, cuando estaba previsto que se deliberara, quedara pospuesta como asunto "pendiente".
"Según me han informado del TC, no se incluye en el orden del día porque así se ha decidido. Y no se sabe para cuándo van a volver a deliberar", ha señalado el letrado, cuyo recurso cuenta con el informe favorable de la Fiscalía, partidaria de reconocer una vulneración de derechos a su cliente por el juicio tardío, que al final se celebrará este mes de diciembre tras reubicarlo el juzgado.
En un escrito a la Sala Primera del TC, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el abogado pide saber por qué motivos ha quedado su caso fuera del orden del día del próximo lunes. Si no, cabe que plantee una queja al Consejo General del Poder Judicial.
Bernal incide en que el recurso de amparo ante el TC es un mecanismo que sirve precisamente para atender violaciones de derechos fundamentales, sin olvidar que --añade-- en la providencia de admisión a trámite del recurso el propio tribunal señalaba que lo iba a estudiar por su "especial trascendencia constitucional".
"Causa absoluta perplejidad, asombro e indignación la exclusión en el orden del día del próximo día 10 de octubre de la presente demanda de amparo", afirma el letrado Bernal en su escrito.
Los hechos se remontan a junio de 2021, cuando el letrado presentó una demanda laboral ante el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla en la que reclamaba a la universidad de la capital andaluza una indemnización por daños y perjuicios para su cliente por "incumplimiento de la formalización del contrato postdoctoral".
NOVIEMBRE DE 2024
La demanda fue admitida por el juzgado, que en un decreto de 13 de julio indicó al abogado que el acto de conciliación y el juicio, en caso de que las partes no llegaran a un acuerdo, quedaban fijados para el 7 de noviembre de 2024, esto es, más de tres años después.
El recurso ante el TC llama la atención sobre que esa fecha supone aguardar "más de tres años", lo que --esgrime el abogado del demandante-- vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, en concreto, a un proceso sin dilaciones indebidas.
Además, subraya que en el ámbito laboral esta tardanza supone un perjuicio especial porque suele conllevar que "muchos justiciables se resignen a acudir al auxilio judicial para defender sus legítimas pretensiones". "En muchos casos, se trata de trabajadores que no han percibido, siquiera, las indemnizaciones mínimas legales", resalta.
En el caso concreto de Sevilla, expone el letrado al TC, "la situación se agrava por cuanto ya se están señalando juicios para" el año 2026, lo que considera "una auténtica aberración, una vulneración flagrante del derecho a la tutela judicial efectiva".
Sánchez Bernal hizo hincapié en su recurso en las "innegables carencias estructurales que surgen con el aumento del número de causas, de la falta de medios personales y materiales, así como de la alta carga de trabajo", en parte provocada por la pandemia.
Para el fiscal del TC Fernando Cabedo conviene estimar el recurso "visto que era un procedimiento sencillo, que el señalamiento para el acto de conciliación y juicio oral se realizó para tres años y medio después de la interposición de la demanda" y "que la actitud de la parte demandante no ha entorpecido en modo alguno el proceso", sino que su actitud en el proceso "ha sido muy diligente", si bien apuntó que la causa del retraso es "estructural" en esos juzgados.
