La Comisión de Igualdad ha aprobado este martes el informe de la ponencia de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, impulsada por el Ministerio de Igualdad, que, entre otras medidas, recupera el derecho al aborto para las menores de 16 y 17 años, que no necesitará el permiso paterno para realizar esta práctica.
La norma ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios representados en el órgano, a excepción de PP, Vox y Ciudadanos. Al ser un texto de carácter orgánico, deberá pasar por el Pleno del Congreso para ser ratificado.
Entre las enmiendas que han sido incluidas en el texto en esta primera fase hacia su aprobación definitiva, se recoge la habilitación de un procedimiento judicial "urgente" en caso de discrepancias entre una menor de 16 años y aquél que deba autorizar que ésta se someta a un aborto.
Además, se han añadido modificaciones a la formación de los comités clínicos. En concreto, no se permitirá que ninguno de sus miembros esté en el registro de objetores o haya estado en el mismo en los últimos tres años. Tampoco se permite que estos comités tengan la última palabra en la interrupción del embarazo a partir de la semana 22, sino que la paciente podrá recurrir en vía jurisdiccional su decisión en caso de no estar de acuerdo.
SIN APOYO PARA LAS ORGANIZACIONES PROVIDA
Se ha añadido, además, un punto por el que se impide que las instituciones públicas apoyen a las asociaciones provida y para eliminar las sanciones a médicos que practiquen abortos sin respetar el periodo de reflexión y sin dar información a sus pacientes sobre políticas activas de apoyo a la maternidad. Del mismo modo, se ha incorporado el acceso a los permisos de maternidad o paternidad en los acogimientos temporales y de urgencia, que se limitaban a los superiores a un año.
Desde el PP han argumentado su postura en contra señalando lo "innecesario" e "inoportuno" de esta ley que, tal y como han recordado, reforma una norma que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional.
"REZUMA HOSTILIDAD" HACIA LOS SANITARIOS
Los 'populares', a través de su portavoz en este debate, Marta González, consideran que esta norma tiene "problemas de fondo" como son, a su juicio, el registro de facultativos objetores o la intención de que los abortos se produzcan en los centros públicos. Consideran, así, que la redacción del texto "rezuma hostilidad hacia las profesiones sanitarias", pero también que recoge problemas "inventados" por el Gobierno, como la "salud menstrual" o la "gestión de la pobreza menstrual" que, según González, recuerdan a "la sección femenina del franquismo".
Vox, por su parte, ha explicado que no votará a favor de una ley que "reconoce el aborto como un derecho humano" y que "configura" la interrupción de la gestación como "único recurso" ante un "embarazo imprevisto". También se ha mostrado en contra de la retirada de los tres días de reflexión de las mujeres que solicitan esta práctica, de que la objeción de conciencia se incluya "como derecho individual y no fundamental" y que los farmacéuticos no se incluyan como beneficiarios de este derecho.
La representante de la formación en este debate, Lourdes Méndez, ha calificado al Gobierno de coalición como "el más violento de la historia de la democracia" ya que, según ha explicado, está "impulsado por golpistas, malversadores y herederos de terroristas a los que indulta mientras condena a muerte a los inocentes". Del mismo modo, ha acusado a la ministra de Igualdad de "buscar la victimización" tras acusar a Vox de violencia política y considera que lo ha hecho para "estigmatizar" y "excitar el odio" contra quienes "piensan diferente" a ella y "tapar los errores" que comete.
Mientras, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, ha mostrado su contrariedad a que esta iniciativa incluya la gestación subrogada como práctica de violencia contra la mujer o las bajas laborales por dolor menstrual incapacitantes, que ve "estigmatizantes" para las trabajadoras.
NACIONALISTAS E INDEPENDENTISTAS DEFIENDEN SUS COMPETENCIAS
Desde las formaciones nacionalistas e independentistas, las críticas han llegado en relación a la necesidad de respeto de las competencias autonómicas en algunos puntos. Aunque todas ellas han mostrado su postura favorable a la reforma de la norma.
Los portavoces de Igualdad de PNV y Junts, Joseba Agirretxea y Pilar Calvo, respectivamente, se ha referido principalmente a las cuestiones que tienen que ver con la Educación y la Sanidad y han defendido la necesidad de que los registros de objetores no sea de carácter estatal.
El diputado vasco a coincidido, además, con su homóloga de ERC, Pilar Vallugera en solicitar la retirada en la ley de los artículos relacionados con la gestación subrogada. Ambos han señalado que este tema requiere un debate más específico y largo de forma separada y se han mostrado contrarios a incluir este tema en una ley sobre salud sexual y reproductiva.
EH Bildu, del mismo modo, ha lamentado que finalmente no se haya incluido en el texto una mención más específica a la violencia obstétrica.
Finalmente, la representante del PSOE en la comisión, Susana Ros, ha defendido la ley y se ha dirigido de forma directa al PP para reprocharle su postura en contra de los derechos de las mujeres. "Nunca han estado del lado del movimiento feminista", ha lamentado, antes de recordar la labor de los 'populares' recurriendo ante el Constitucional las leyes que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como su reforma para excluir del derecho al aborto a las menores de 16 y 17 años que ahora se busca recuperar.
En su intervención, los socialistas han apuntado que esta norma garantiza el acceso al aborto, regula la objeción de conciencia, incorpora una baja por interrupción voluntaria o no voluntaria del embarazo o una baja a las 39 semanas de gestación. Además, según han defendido, se ocupa del preparto y la maternidad, así como de la educación "desde el respeto, la igualdad, la tolerancia y el consentimiento" entre "niños y jóvenes" para "prevenir embarazos" y "enfermedades de transmisión sexual", frente a los "prejuicios que imponen ciertos credos".
